El fiscal aceptó la excusa de Adorni con bitcoins: el antecedente que preocupa a los expertos
Los expertos no lo dicen por el caso Adorni: advierten que la excusa de las "billeteras viejas de criptomonedas" ya quedó instalada como argumento de defensa y que otros acusados podrían copiarla. Qué tiene que decidir ahora la Justicia.
El fiscal Gerardo Pollicita decidió no sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y aceptó como válida su explicación: que buena parte del patrimonio que se le descubrió provino de inversiones en bitcoins hechas entre 2014 y 2018. La decisión dejó al exjefe de Gabinete con un pie afuera de la causa, pero abrió un debate que excede su caso: ¿puede esa estrategia convertirse en una salida repetible para los acusados por el mismo delito?
La pregunta no es menor. El dictamen reconoce que la versión del exfuncionario era, a priori, "poco verosímil". Sin embargo, el fiscal concluyó que no había pruebas para derribarla y resolvió que todo el expediente se investigue como una posible evasión.
La comparación que incomoda
El artículo original plantea un ejercicio hipotético: si Roberto Baratta, exfuncionario kirchnerista procesado por enriquecimiento ilícito, alegara hoy que su patrimonio salió de una apuesta exitosa a las criptomonedas, la explicación llegaría tarde, chocaría con declaraciones previas y sonaría poco creíble. Pero, aun así, su defensa sería tan difícil de refutar como la que presentó Adorni.
Baratta podría replicar la estrategia para justificar al menos la porción de su crecimiento patrimonial atribuida desde 2013, el año en que el Bitcoin empezó a despegar. Y lo mismo podrían intentar otros funcionarios acusados en el futuro.
Qué dicen los especialistas
Delia Ferreira Rubio, abogada, doctora en Derecho y expresidenta de Transparencia Internacional entre 2017 y 2023, lo ve como un argumento nuevo en el repertorio de las defensas. "En el caso Adorni, la excusa de las viejas billeteras olvidadas de criptomonedas es sin duda un nuevo argumento en el repertorio de explicaciones para justificar un patrimonio en los casos de enriquecimiento ilícito", señaló.
"Obviamente la solidez y credibilidad de la justificación son apreciadas por la Justicia. El tiempo dirá si, a partir de este caso, se consolida una jurisprudencia según la cual la simple excusa de las viejas billeteras cripto se transforma en justificación suficiente", agregó.
Manuel Garrido, extitular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), coincide: "Es evidente que, así como [Adorni] obtuvo éxito en este caso, las defensas probablemente van a echar mano de este tipo de planteos en casos análogos". Aunque aclara un punto central: "un dictamen de un fiscal no hace jurisprudencia". En este expediente, subraya, no hubo "una decisión de la Cámara ni de la Corte Suprema, sino un dictamen de un fiscal con un evidente ánimo beneficiante en la valoración probatoria".
Garrido incluso imagina un efecto institucional: el caso podría motivar una instrucción de la Procuración General de la Nación sobre cómo valorar la prueba en causas similares. "Acá hay un tema de interpretación del delito, pero sobre todo de valoración probatoria que podría ser objeto de una instrucción de la Procuración", apuntó.
La llave de la caja de seguridad
Pedro Biscay, abogado del Inecip, no tiene claro qué consecuencias tendrá que la Justicia acepte la explicación. "No sé si esto es una salida que podría replicarse en casos parecidos, como una suerte de regla general para hacerle trampa a los demás casos de enriquecimiento ilícito que hay en la Argentina", planteó.
El punto más discutido es qué se consideró prueba suficiente. Según el criterio de Pollicita, para dejar caer la acusación bastaría con acreditar el control actual de billeteras virtuales con movimientos anteriores al ingreso a la función pública y sostener que esas ganancias explican el crecimiento del patrimonio. Adorni no logró demostrar que fuera el titular de las billeteras cuando se hicieron las operaciones, pero la fiscalía sostuvo que tampoco se pudo refutar su explicación.
Biscay lo compara con otra cosa: "Tener la llave de la caja de seguridad, según esa tesis, te hace propietario del contenido de la caja de seguridad, lo cual es una falacia". Ferreira Rubio usa la misma analogía. Y agrega: "En este caso la excusa [de las criptomonedas] parece haber convencido al fiscal. Las dudas quedan. Ahora hay que esperar la decisión del juez".
Ese juez es Ariel Lijo, que debe resolver si convalida el criterio del fiscal y envía el caso al fuero penal económico.
Por qué las billeteras viejas son difíciles de rastrear
La defensa de Adorni sostuvo que gran parte del patrimonio detectado en la investigación —compras de inmuebles, reformas y viajes— provenía de ganancias por inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, es decir, antes de llegar al Gobierno. En ese período, los requisitos para abrir cuentas en plataformas digitales eran más laxos, lo que complica reconstruir quién hizo cada operación.
El cambio llegó en 2019, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó una normativa para endurecer los requisitos de apertura de cuentas. Desde entonces, las plataformas fueron exigiendo a sus clientes validar identidad con nombre y apellido.
Adorni presentó el control actual de ocho billeteras virtuales con 24 movimientos vinculados a plataformas de intercambio, todos anteriores a esa reforma. Otros 17 movimientos que mencionó ni siquiera pudieron asociarse a una plataforma centralizada. La consecuencia práctica: alguien podría conseguir o comprar hoy las claves de una billetera con movimientos de aquellos años, acreditar que la controla y presentarla ante la Justicia como prueba.
Las críticas a la investigación
En Comodoro Py conocen el problema. "El desafío es permanente, más ahora con el mundo cripto", reconoció una fuente judicial que siguió el caso de cerca. Admitió que la antigüedad de las operaciones complica a la acusación, pero también que no es sencillo hacerse de billeteras con movimientos viejos: "Hay que conseguirlas... no hay un mercado abierto".
María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), no cree que el caso siente necesariamente un precedente. Al igual que Biscay, apunta al trabajo de investigación: ambos sostienen que el fiscal no agotó las medidas de prueba. Talerico además cuestiona que, ante la falta de certezas, Pollicita haya abandonado la acusación.
"Para decidir que no avanzás en la etapa de instrucción, tenés que tener certeza negativa, certeza absoluta negativa. Si no, el fiscal tiene que avanzar", afirmó. Y remató: "Ahora resulta que no tenemos certezas y la incertidumbre beneficia a los imputados. En esta etapa de procesos como éste, eso no existe".
Biscay suma otra objeción: el análisis patrimonial, dice, no sopesó bien los gastos del exfuncionario.