El fiscal creyó la versión de Adorni sobre Bitcoin: los 3 vacíos que dejó pasar

El fiscal Gerardo Pollicita resolvió que no hay pruebas suficientes para acusar a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito durante su paso por la gestión de Javier Milei. Su dictamen de 38 páginas, al que accedió El Destape, convalidó el argumento de la defensa: los más de USD 400.000 que el exjefe de Gabinete gastó mientras estaba en la Casa Rosada salieron de la venta de Bitcoin que habría comprado entre 2014 y 2018.

Lo llamativo es el razonamiento. El fiscal no certificó que esa operación existiera: sostuvo que no logró demostrar lo contrario. La diferencia no es menor y atraviesa todo el escrito, en el que el acusador público termina adoptando un tono más parecido al de un defensor.

Las 8 billeteras y una cifra que cierra

El eje de la causa fueron ocho direcciones de Bitcoin que la defensa presentó como propias y con las que dijo haber obtenido USD 591.544,61. Con ese dinero se explicarían los gastos conocidos del exvocero mientras fue funcionario, que rondaron como mínimo los USD 402.578,12, de los cuales un 92,9% se pagó en efectivo.

Ese argumento apareció recién el 20 de septiembre, cuando Adorni tuvo que responder un requerimiento de justificación patrimonial. Hasta entonces, sus explicaciones habían sido endebles. Pollicita concluyó que la hipótesis de la defensa no pudo ser descartada.

“La tenencia de moneda extranjera que Manuel ADORNI exteriorizó mediante las declaraciones rectificativas bajo el concepto de ‘venta de activos’ —USD 565.000 al inicio de 2023—, cuyo origen la defensa sitúa en la operatoria con Bitcoin desarrollada entre 2014 y 2018, no pudo ser desvirtuada por esta Fiscalía y explica el núcleo del incremento patrimonial que motivó el requerimiento de justificación”, escribió el fiscal.

Los agujeros que el dictamen no pudo tapar

Los informes técnicos de la Policía Federal citados en el dictamen reconocen tres ausencias: no hay prueba histórica de que Adorni fuera titular de esas ocho direcciones; no hay comprobante de compra y venta de los Bitcoin; y no hay trazabilidad que conecte esos criptoactivos con los dólares usados por el exfuncionario.

Aun así, el fiscal interpretó que esos mismos informes tampoco le permiten afirmar que Adorni no fuera el dueño de las billeteras entre 2014 y 2018. “En el caso, con la prueba aunada no se ha podido descartar que el capital principal se haya formado entre 2014 y 2018, como fuera alegado, varios años antes del 14 de diciembre de 2023, y como así tampoco pudo vincularse el monto por el que fue requerido con un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”, sostuvo.

La versión pública de Adorni fue que tenía unos USD 200.000 de ahorro en negro y los invirtió íntegramente en Bitcoin entre 2014 y 2018, con 2017 como el año de mayor volumen. Es decir, puso 200.000 y generó casi 600.000.

Su abogado, Matías Ledesma, detalló cómo habrían sido esas operaciones: “Adorni se encontraba personalmente con quienes le vendían las criptomonedas, oportunidad en la que estos le transferían los Bitcoin y mi asistido entregaba, a cambio, el dinero en efectivo correspondiente”. Y agregó: “Por razones de seguridad, esos encuentros se realizaban siempre en lugares públicos, y ninguna de las partes se identificaba, manteniéndose estricta reserva y anonimato”.

Preguntas que el fiscal no se hizo

El escrito de Pollicita dejó sin responder una serie de puntos que la propia causa había puesto sobre la mesa:

¿Por qué Adorni, si tenía casi USD 600.000, se endeudaba para comprar bienes y hasta reclamaba por unas salchichas en mal estado? ¿Por qué en redes sociales decía no saber nada de Bitcoin? ¿Por qué esperó hasta el final de la investigación para contar que el dinero venía de una inversión en criptoactivos, cuando antes aseguraba que tenía todo declarado? ¿Y por qué siempre pagó en efectivo?

El especialista en tecnología Maximiliano Firtman sumó otro faltante. “El fiscal, y por lo que veo los informes de los técnicos de las fuerzas federales que hicieron el análisis, omitieron que esas billeteras tenían otras criptomonedas (BCH, BTG) y que fueron vendidas (podrían ser 60 mil dólares) que no figuran en el argumento de Adorni. Un poco más, un poco menos, es todo lo mismo... ¿quién no se olvida 60k verdes?”, escribió en X.

Firtman también advirtió sobre el precedente: “Si este criterio queda firme y genera jurisprudencia, cualquier denuncia por enriquecimiento ilícito podría intentar resolverse consiguiendo alguien que te venda las claves privadas de una billetera sin fondos pero con movimientos en el pasado”.

El especialista en ciberseguridad Julio López fue más directo: “No hay prueba histórica de titularidad de las 8 direcciones. No hay comprobante de compra-venta. No hay trazabilidad que permita acreditar que los criptoactivos se correspondan con los dólares usados por Adorni. Pero el fiscal insiste en creer”. Y se preguntó: “¿Cuál hubiera sido la diferencia de decir ‘Me los encontré’?”.

Los tres pasos del blindaje

La construcción del dictamen tuvo tres movimientos. El 1º de octubre se hizo una verificación criptográfica que confirmó que las claves de las ocho billeteras estaban en poder de la defensa. El informe lo hizo el Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal y la defensa no designó perito de parte.

Después, el Departamento Técnico Cibercrimen de la PFA analizó quién controlaba esas direcciones entre 2014 y 2018. La respuesta fue que no se podía determinar. Para el fiscal, eso alcanzó: si no se puede confirmar que Adorni no tenía el acceso, la hipótesis de la defensa queda en pie.

“Una firma válida hecha hoy demuestra acceso actual a la clave, pero no fecha cuándo comenzó ese acceso ni demuestra exclusividad”, señalaron los técnicos. Y agregaron que “no existe ningún registro directo que guarde la identidad de quien hizo los movimientos, ya que la red Bitcoin es anónima y solo registra códigos numéricos, no nombres de personas”.

Con eso, Pollicita concluyó: “Los técnicos concluyeron que la hipótesis según la cual Manuel ADORNI controlaba las billeteras mientras operaron es ‘técnicamente sólida y consistente con una hipótesis en la que actualmente también posea el control’”.

El último paso fue revisar los ingresos del matrimonio que forma con Bettina Angeletti. El fiscal calculó que las remuneraciones registradas hasta 2014 sumaban unos USD 335.000, cifra que sube a USD 493.000 si se extiende hasta 2018. Con esa base, consideró razonable que se destinara algo más de la mitad a una inversión riesgosa como Bitcoin. La pregunta que queda flotando es cómo vivieron con la otra mitad.

De Comodoro Py al fuero Penal Económico

Para compensar el dictamen, Pollicita pidió que Adorni sea investigado por posible evasión impositiva en el fuero Penal Económico. La defensa siempre apuntó a que, si había una condena, fuera por ese delito y no por enriquecimiento ilícito, porque las sanciones son menores.

El fiscal enumeró las irregularidades tributarias: ingresos profesionales no declarados que habrían financiado la compra de Bitcoin; el producido de la liquidación de esos activos mantenido fuera de Bienes Personales hasta su exteriorización en 2026; el tratamiento fiscal no acreditado de operaciones posteriores; la divergencia entre el patrimonio y la renta informados a Binance al validar identidad —unos USD 250.000 y USD 50.000— y las cifras declaradas ante los organismos públicos; y los mutuos con Silvia Pais y Norma Zuccolo, sin prueba de entrega efectiva de fondos.

“De la propia justificación brindada por la defensa, mediante la que se reconoció que las declaraciones juradas rectificativas incorporaron ‘materia antes no declarada’ y que los ahorros del matrimonio se conservaron durante años en efectivo, ‘por fuera del sistema bancario y del radar de ARCA’, se desprende un comportamiento ilícito con consecuencias jurídicas de naturaleza penal económica”, afirmó.

Los otros nombres que entran en la causa

Pollicita también pidió investigar a Leandro Miano, Pablo Feijoo y Matías Tabar, los intermediarios y el contratista que participaron en las operaciones inmobiliarias y de refacción de Adorni en un departamento de Caballito y una casa en el barrio privado Indio Cuá.

Miano y Feijoo son socios en la desarrolladora TSJ Group y en la constructora Avda SRL. Feijoo es hijo de Beatriz Alicia Viegas, una de las dos jubiladas que le vendieron a Adorni el departamento de la calle Miró. En la justicia declaró que el exjefe de ministros le debe otros USD 65.000 e ingresó a la Casa Rosada el 22 de octubre de 2025, autorizado por el entonces vocero. Miano es hijo de Claudia Sbabo, la otra jubilada de esa venta.

Las dos mujeres vendieron el departamento en noviembre de 2025 por un precio declarado de USD 230.000 y, según la escribana Adriana Nechevenko, le financiaron a Adorni USD 200.000 sin intereses. Tabar es el contratista que reveló que las refacciones en Indio Cuá se pagaron con USD 245.000 en efectivo.

El fiscal además pidió remitir la causa al Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para que analice la intervención de Nechevenko “ante las irregularidades advertidas en las operaciones investigadas”.

Ahora el requerimiento quedó en manos del juez Ariel Lijo, que tenía delegada la investigación y deberá decidir si hace lugar al pedido. Lijo fue el candidato de Milei para la Corte Suprema y no logró el respaldo del Senado.