El fiscal no se queda quieto: la causa del tiroteo en la escuela de San Cristóbal tiene un nuevo round

El juez había dado por probada la participación del adolescente en el ataque que terminó con la vida de Ian Cabrera, pero igual sacó la causa del fuero penal. Ahora la acusación apeló y exige que las medidas pendientes se sigan controlando ahí. ¿Qué argumenta para frenar el pase a Familia?

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El fiscal no se queda quieto: la causa del tiroteo en la escuela de San Cristóbal tiene un nuevo round
El fiscal no se queda quieto: la causa del tiroteo en la escuela de San Cristóbal tiene un nuevo round

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe no aceptó sin pelear la decisión del juez penal José Boaglio de sacar del fuero penal el legajo del adolescente que el 30 de marzo abrió fuego en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal y mató a Ian Cabrera, un alumno de 13 años. La apelación ya está presentada y ahora la pelota pasa a la Justicia de Segunda Instancia.

Boaglio había resuelto el sobreseimiento del joven, que tenía 15 años al momento del ataque, y derivó la investigación a los Tribunales de Familia. Frente a eso, desde el MPA presentaron un recurso ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Segunda Instancia de Rafaela, que en los próximos días deberá fijar fecha y hora para la audiencia.

Qué argumenta la acusación

El MPA dejó en claro que el magistrado dio por probados todos los hechos que la Fiscalía le endilgó al menor: su participación plena en los delitos y el daño que provocó a las víctimas. Aun así, reconoce que el marco legal vigente en marzo de este año impedía castigarlo.

"De todos modos, la ley vigente en la Argentina al momento de los hechos disponía que las personas menores de 16 años no eran punibles y, por lo tanto, debía dictarse su sobreseimiento", sostienen desde el organismo. Y agregan que esa resolución "se ajusta a lo establecido en la normativa vigente en marzo de este año".

La diferencia está en dónde debe seguir tramitándose la causa. Para el MPA, "es en el fuero penal en el que deben controlarse las diligencias que aún restan realizar y las medidas que viene cumpliendo el autor de ilícitos tan graves como los ocurridos en este caso".

En el escrito de apelación, la acusación señala que el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe "regula un procedimiento para menores de edad no punibles" y remarca que esa norma "debería haber sido tenido en cuenta por el juez de primera instancia antes de remitir el legajo al fuero de Familia".

Por qué el juez sobreseyó al adolescente

La resolución de Boaglio respondió a un planteo de la defensa, que pidió desvincular al joven del proceso penal porque al momento del hecho tenía 15 años. El sobreseimiento no significa que se haya desconocido su participación en el ataque, sino que la ley no permite condenarlo penalmente.

La mañana del 30 de marzo

Eran poco más de las 7 cuando los estudiantes de la Escuela N° 40 Mariano Moreno estaban formados en el patio interno para el izamiento de la bandera. En ese momento, el adolescente —que cursaba tercer año en la institución— comenzó a disparar contra sus compañeros.

De acuerdo con las reconstrucciones difundidas por La Capital, el joven llevaba una escopeta oculta en la funda de una guitarra. Pasó por el baño, salió con el arma y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de los proyectiles alcanzó a Ian Cabrera, de 13 años y alumno de primer año, que falleció en el lugar. Otros ocho estudiantes quedaron heridos.

La secuencia se cortó cuando un asistente escolar se le tiró encima al atacante y le sacó la escopeta. Después llegó la Policía, el adolescente quedó detenido y la escuela fue evacuada y rodeada por un operativo de emergencia.

Los heridos fueron atendidos entre el hospital local y centros de mayor complejidad. Seis de los ocho recibieron el alta esa misma tarde. Los otros dos fueron trasladados a hospitales de Rafaela y de la ciudad de Santa Fe para una atención más especializada.

La pista digital

Además de reconstruir el ataque, los investigadores pusieron la lupa sobre la actividad digital del adolescente y sus contactos en comunidades que exaltan las masacres escolares.

En los días posteriores al crimen, la Policía Federal allanó la vivienda del joven y un comercio vinculado a su familia, por orden de la fiscal Carina Gerbaldo. El objetivo era reunir elementos sobre la planificación del hecho y sus posibles conexiones.

La pesquisa también alcanzó a otros adolescentes. El 6 de abril, la Policía aprehendió a un joven en la localidad de Nelson, sospechado de haber mantenido conversaciones con G.C. y de haber tenido conocimiento del plan. Así se abrió una línea que apunta a una posible red internacional vinculada con la llamada True Crime Community, una subcultura digital asociada a la glorificación de crímenes reales y ataques violentos.

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