El fiscal Pollicita pide investigar a Adorni: el patrimonio que creció un 500% y la propiedad que no figura

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por un presunto enriquecimiento ilícito. La causa, iniciada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, se centra en un incremento patrimonial “desproporcionado” y solicita una docena de medidas de prueba para analizar sus bienes.

Según la presentación, el patrimonio del vocero presidencial habría experimentado un crecimiento de hasta el 500% en un solo período fiscal. Este dato es el núcleo de la investigación que ahora deberá evaluar el juez federal Ariel Lijo.

¿Qué es lo que no cuadra en las declaraciones juradas?

El requerimiento fiscal señala posibles inconsistencias entre las declaraciones juradas presentadas por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. La denuncia sostiene que existiría una omisión de activos financieros, depósitos en el exterior y fondos justificados mediante préstamos familiares.

Uno de los puntos más llamativos es la presunta existencia de un inmueble no declarado. La fiscalía investiga la vinculación de Adorni y su pareja con la construcción de una vivienda en el country Indio Cúa Golf Club, en la provincia de Buenos Aires.

Este bien no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial Integral del funcionario, quien solo habría declarado dos propiedades. La pesquisa busca determinar la titularidad del lote y quién abona las expensas en ese emprendimiento de lujo.

Las doce medidas para rastrear el dinero

Para avanzar, el fiscal Pollicita solicitó una batería de doce medidas de prueba. El objetivo es reconstruir minuciosamente la evolución del patrimonio de Adorni y verificar la titularidad de todos sus bienes.

Entre los pedidos formulados se incluyen informes a los registros de la propiedad de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. También se requirieron datos a la Oficina Anticorrupción, la ANSES y otros organismos públicos sobre las declaraciones juradas y la situación laboral del funcionario.

La fiscalía pidió, además, información migratoria y documentación específica sobre posibles operaciones financieras o inmobiliarias. Cada medida apunta a cotejar los ingresos declarados con el patrimonio efectivo.

El juez Lijo tiene ahora la palabra. Deberá definir si da curso a todas las medidas solicitadas o delega la investigación en el propio fiscal para que avance con las diligencias. El caso podría tomar distintos rumbos según lo que se descubra.

Manuel Adorni ya se había pronunciado sobre estas acusaciones, negándolas de manera categórica. Sin embargo, la Justicia considera que existen elementos suficientes para profundizar la pesquisa y establecer si hubo o no un incremento patrimonial injustificado.