El fiscal que destapó la estafa de los planes sociales celebró el fallo, pero dejó una duda inquietante

El fiscal jefe Pablo Vignaroli respiró aliviado tras el giro judicial que esta semana le dio la razón en la causa por la estafa con planes sociales. El Tribunal de Impugnación revirtió la absolución por asociación ilícita que pesaba sobre los 12 condenados, entre ellos el exministro de Desarrollo Social de Omar Gutiérrez, Abel Di Luca.

Sin embargo, cuando se le preguntó por la continuidad de la investigación conocida como 'Planes Sociales II', el funcionario prefirió ser cauto: no está seguro de que haya elementos para avanzar.

¿Qué cambió con el fallo?

En el juicio oral, los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita habían encuadrado la maniobra como una administración fraudulenta agravada, un delito con penas mucho más leves. Según esa lectura, los fondos públicos destinados al Subsidio a la Desocupación Laboral fueron desviados para financiar ilegalmente al MPN.

La fiscalía calculó que la estafa, desarrollada entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, alcanzó los 153 millones de pesos a valores históricos. Pero el tribunal original descartó la asociación ilícita al considerar que no existían 'múltiples planes delictivos', sino uno solo, aunque se haya sostenido en el tiempo.

Además, cuestionaron el recorte temporal de la acusación y pidieron profundizar en la famosa 'caja azul' donde se amontonaba el dinero.

El revés que cambió todo

El Tribunal de Impugnación consideró que esa interpretación fue 'errónea' y que en realidad se cometieron ambos delitos en concurso real. No solo se estafó al Estado, sino que hubo una estructura criminal operando desde adentro. Vignaroli coincidió: los jueces del juicio hicieron un análisis 'meramente dogmático'.

Ahora, las defensas tienen la chance de apelar ante el Tribunal Superior de Justicia. Si el fallo se confirma, se realizará la audiencia de cesura para definir las penas. Para los jefes de la asociación ilícita, la escala va de 5 a 16 años; para los miembros, de 3 a 16 años.

En este segundo juicio no se discutirá la responsabilidad, sino la nueva calificación. Se abrirá un nuevo período de prueba y la Oficina Judicial deberá convocar a jueces del interior, ya que en la región Confluencia la mayoría ya intervino. Esta eventual sentencia también podría ser impugnada.

Con los plazos del Código, es casi imposible cerrar el proceso en cuatro años. Por eso, Vignaroli estudia pedir una prórroga excepcional para evitar el sobreseimiento de los imputados.

El futuro de 'Planes Sociales II'

Durante la investigación, la fiscalía había anticipado que analizaría si el mismo mecanismo se usó en la asignación del Subsidio Social Transitorio, otro programa del ministerio. En ese legajo aparece Luciano Palma, jefe de Ricardo Soiza en la dirección de Planes Sociales.

Pero Vignaroli fue contundente: 'En el análisis que se hizo de los expedientes no vemos la misma maniobra. Acá la maniobra era que se pagaba con un listado y se justificaba con otro. En Subsidio Social Transitorio no es la misma metodología. No sé si vamos a tener elementos para avanzar o no'.

Y agregó: 'Ahora vamos a ocuparnos de este cambio de calificación y después veremos qué decisión se toma con lo otro'.

Mientras tanto, la pregunta que sigue sin respuesta es: ¿dónde fue a parar el dinero y quién se lo apropió? El tribunal rechazó el decomiso de bienes, al entender que no fueron comprados con fondos de la estafa. El gobierno provincial, querellante en la causa, intentará recuperarlo con una demanda en el fuero procesal administrativo.