El fiscal que destapó la red de pensiones truchas y la comparación que encendió la polémica

El fiscal federal Carlos Amad no escatimó calificativos al referirse a la causa de las pensiones no contributivas por discapacidad que se tramitaron de forma fraudulenta en Salta. Durante la audiencia en la que se formalizaron las imputaciones, habló de una “gravedad social increíble” y apuntó contra el mecanismo utilizado para captar a personas vulnerables.

“No se hace esto de jugar con la gente, es ilícito, además es gente vulnerable que después le tenía que pagar con un chancho a esta gente”, disparó el representante del Ministerio Público Fiscal, dejando en claro su postura ante un esquema que no solo defraudó al Estado, sino que se aprovechó de quienes más necesitaban ese beneficio.

¿Quiénes están implicados?

La investigación, que quedó formalizada ante el juez federal N° 2 de Salta, Diego Anzorreguy, está focalizada en los municipios de Anta. Entre los 15 imputados figuran un diputado provincial, médicos y agentes de municipios y dependencias de organismos nacionales en la zona.

Según la acusación, los cargos contemplan asociación ilícita para defraudar al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y falsificación de documentos públicos. En uno de los casos, además, se investiga el ejercicio ilegal de la medicina.

Una organización con roles definidos

La Fiscalía sostiene que no se trató de falsificaciones aisladas, sino de una estructura organizada donde cada integrante cumplía una función específica para concretar el otorgamiento irregular de los beneficios. El accionar ilícito se habría desplegado principalmente en Joaquín V. González, El Quebrachal y localidades cercanas.

Durante la audiencia, Amad solicitó un plazo de un año para ampliar la investigación con documentación requerida a organismos nacionales y profundizar el entrecruzamiento de datos de los beneficiarios. También pidió la inhibición general de bienes de los 15 imputados y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

La Fiscalía busca determinar el alcance total de la organización y establecer la eventual responsabilidad de otras personas implicadas. La evidencia reunida hasta el momento permitiría avanzar sobre nuevos involucrados, entre ellos profesionales de la salud y funcionarios vinculados con la estructura investigada.

Ahora será el Juzgado Federal N° 2 de Salta el que deberá resolver los planteos formulados durante la audiencia y las medidas solicitadas por la Fiscalía, mientras continúa una investigación que podría elevar la cantidad de personas imputadas y el alcance económico del exorbitante perjuicio ocasionado al Estado.