El fiscal que investiga el robo de la camioneta del intendente propone GPS y 911 en la frontera

El fiscal Armando Cazón, que interviene en la causa por el robo de la camioneta del intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, puso sobre la mesa una propuesta para combatir el delito en la frontera con Bolivia: extender el uso de dispositivos GPS en motos y camionetas y crear un sistema 911 en esa ciudad salteña.

El vehículo del jefe comunal fue encontrado en Bolivia el 8 de septiembre y se investiga a una supuesta banda binacional. Según se informó, el rodado sería traído al país en los próximos días.

Para Cazón, la frontera seca que separa Salvador Mazza de territorio boliviano convierte cada minuto en un factor determinante frente al robo de vehículos, la trata de personas y otros delitos. En diálogo con El Tribuno, el fiscal explicó que tanto la instalación voluntaria de GPS como la puesta en marcha del 911 permitirían reducir los tiempos de respuesta.

«Cinco minutos es mucho tiempo»

«En una frontera seca, cinco minutos es mucho tiempo. Una persona puede pasar caminando y estar del otro lado, en otro país, con normas diferentes», advirtió el funcionario judicial.

Cazón subrayó que la situación se vuelve aún más compleja con las motocicletas, que pueden cruzar por pasos alternativos con facilidad. Recordó el caso de una camioneta robada que seguía siendo buscada y aseguró que, según integrantes de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de Bolivia, con un GPS podría haber sido recuperada casi en tiempo real.

El fiscal estimó que colocar uno de esos dispositivos tenía un costo de entre $50.000 y $100.000 al momento de la entrevista, una inversión que consideró reducida frente al valor de una moto o una camioneta.

Una propuesta que va más allá de la frontera

La iniciativa de Cazón no se limita a la zona limítrofe. El fiscal planteó extender el uso voluntario del GPS a toda la provincia y al país, tanto para recuperar vehículos como para investigar delitos en los que puedan ser utilizados.

«Lo mejor es que sea voluntario y que el titular decida dónde localizarlo, para tener seguridad sobre cómo se maneja esa información», afirmó. En esa línea, sostuvo que el propietario debería elegir dónde instalar el dispositivo y quién realiza el trabajo.

El fiscal también mencionó un posible efecto disuasorio: los delincuentes sabrían que el vehículo puede ser rastreado, pero no dónde está colocado el equipo.

Por último, insistió en la necesidad de contar con un sistema 911 en Salvador Mazza para observar las cámaras y coordinar una respuesta inmediata entre las fuerzas de seguridad.