El fiscal quiere un solo juicio para Cristina y Máximo, pero el tribunal ya fijó dos fechas

La decisión del Tribunal Oral Federal 5 de partir en dos el debate por las causas Hotesur y Los Sauces no cayó bien en la fiscalía. El fiscal Diego Velasco apeló ante la Cámara Federal de Casación y pidió que Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el resto de los imputados enfrenten un único juicio oral.

El tribunal, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, había resuelto por unanimidad que el juicio por Los Sauces arranque el 23 de octubre y que el de Hotesur lo haga el 19 de marzo de 2027. Ambos procesos serán presenciales.

Para la fiscalía, separar los expedientes puede debilitar la acusación por lavado de activos y asociación ilícita y pone en riesgo la visión de conjunto de la maniobra investigada. Velasco aclaró en su escrito que la apelación es únicamente contra el desdoblamiento y reclamó que ambos procesos comiencen el próximo 23 de octubre ante un mismo tribunal.

Los argumentos del tribunal para dividir

Los jueces justificaron la separación en que, pese al marco histórico común, ambas causas tienen objetos procesales distintos. En Hotesur se investiga el circuito de fondos de Báez hacia los hoteles familiares a través de Valle Mitre, mientras que en Los Sauces se suman también pagos del Grupo Indalo por alquileres de inmuebles.

El TOF sostuvo que dividirlos ahorraría tiempo, reduciría la cantidad de testigos y abogados en la sala y haría más ágil el debate. Cada expediente tiene cerca de 200 testigos propios y apenas una veintena de coincidencias. Además, advirtió que un juicio conjunto podría extenderse más de dos años y habilitó los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria de enero para las audiencias de Los Sauces.

Cómo empezó todo

La investigación de Hotesur se inició en noviembre de 2014, un día después del informe de Periodismo Para Todos que mostró que Hotesur S.A., administradora del hotel Alto Calafate, adeudaba balances y no había actualizado ante la Inspección General de Justicia la composición de su directorio. La denuncia formal la presentó la entonces diputada Margarita Stolbizer.

El expediente recayó primero en el juez Claudio Bonadio, quien allanó una sede porteña que resultó vacía. En 2018, el juez Julián Ercolini procesó a los principales acusados y en 2019 elevó la causa a juicio.

La hipótesis fiscal sostiene que empresas del grupo Báez, en especial Valle Mitre SRL, gerenciaron o contrataron plazas y servicios en Alto Calafate y en la hostería Las Dunas, y que esos pagos habrían servido para ingresar al patrimonio familiar fondos originados en la obra pública vial de Santa Cruz.

Además de la expresidenta, serán juzgados Máximo Kirchner, Lázaro y Martín Báez, el contador Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia y otros integrantes de directorios y de la operatoria societaria. Florencia Kirchner quedó fuera del juicio por decisión firme de Casación.

El caso Los Sauces

La hipótesis fiscal es que la inmobiliaria no operó como un negocio de mercado. Entre 2009 y 2016 facturó $25.968.042,30 a empresas de Báez y del Grupo Indalo, cerca del 88% de su facturación. El grupo de López y Fabián De Sousa aportó unos $18,5 millones, mientras que las firmas de Báez, cerca de $7 millones.

La acusación sostiene que esos pagos disimulaban el retorno de fondos por la adjudicación de obras públicas. Los fiscales también afirman que los accionistas retiraron más de 10 millones de pesos de la sociedad y usaron gratuitamente algunos de los inmuebles. La imputación se investiga bajo la hipótesis de asociación ilícita y lavado de activos.

El inmueble más citado es el dúplex de los pisos 8 y 9 del Madero Center, en Puerto Madero, más cocheras. López lo ocupó a través de Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia. Según la investigación, entre 2012 y 2017 pagó alrededor de 1,7 millones de dólares, pero una tasación judicial posterior ubicó el valor de mercado cerca de la mitad o menos de lo pactado.