El fiscal reveló el punto más delicado del caso de la nena de 13 años: lo que nadie había contado

La investigación por el abuso a una nena santiagueña de 13 años que fue trasladada a Buenos Aires para una interrupción legal del embarazo tiene un nuevo giro. El fiscal Santiago Bridoux habló y puso el foco en lo que considera el aspecto más sensible del expediente: la preservación de la prueba genética.

En diálogo con Noticiero 7, Bridoux explicó que la causa comenzó a mediados de marzo, cuando el protocolo del hospital detectó un presunto abuso sexual con acceso carnal sobre la menor. A partir de allí, se activó la investigación penal con intervención policial y fiscal.

¿Qué pasó con la prueba genética?

El fiscal señaló que desde el inicio el objetivo judicial era preservar la evidencia genética para realizar una futura pericia de ADN y determinar al autor del abuso. “La prueba genética es el punto más sensible del expediente”, sostuvo.

Explicó que si se trataba de una interrupción legal del embarazo, debía resguardarse la muestra correspondiente. En caso de que hubiera nacido un bebé con vida, debía realizarse el hisopado para preservar esa misma prueba.

Sin embargo, allí apareció el principal problema: la Justicia perdió contacto con la madre de la menor cuando salió de la provincia y fue trasladada a Buenos Aires sin informar dónde, cuándo ni con quién se realizaría el procedimiento.

“Nosotros perdimos el contacto el día 21, cuando nos mandaron un mensaje diciendo que ya no se encontraba en la provincia. No sabían dónde ni quién le iba a provocar el aborto, y nosotros salimos en búsqueda de esa evidencia necesaria”, relató Bridoux.

Allanamiento en la “clínica del horror”

Ese escenario derivó en una investigación paralela que terminó con el allanamiento a la clínica de Villa Ballester, conocida mediáticamente como la “clínica del horror”, donde se hallaron ocho fetos humanos y donde la Justicia intenta determinar cuál corresponde a la menor santiagueña.

Bridoux aclaró que la legalidad de la interrupción del embarazo no está en discusión, ya que se trataba de una menor víctima de abuso sexual y la práctica está contemplada dentro del marco legal. “Eso es legal, incluso antes de la ley. Lo que había que preservar era la salud y la vida de la víctima”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que la legalidad de la intervención médica no exime la obligación de resguardar la evidencia necesaria para la causa penal. “El médico puede decir que hizo lo correcto, pero la evidencia necesaria no la puede tirar por la ventana”, expresó de forma contundente.

¿Quiénes están siendo investigados?

El fiscal también se refirió a la fundación y a la clínica involucradas en el traslado y acompañamiento de la menor. Si bien aclaró que ambas organizaciones tienen actividades legales, advirtió que algunas actuaciones están siendo observadas detenidamente por la Justicia. “La fundación hace contención y seguimiento, y la clínica era utilizada para este tipo de intervenciones. Pero se manejó todo fuera del control de un procedimiento penal”, señaló.

Por eso, ya intervienen también áreas vinculadas a búsqueda de personas y trata de personas, ya que la sospecha central gira en torno a cómo se realizó todo el procedimiento sin garantizar el resguardo de la prueba judicial.

Actualmente hay dos personas identificadas con pedido de captura nacional e internacional, aunque hasta el momento no pudieron ser localizadas. La menor fue sometida a Cámara Gesell y derivada a CIS Banda por la complejidad de su estado de salud.

“El proceso penal busca asegurarle a la víctima un juicio justo con la evidencia necesaria. Eso no puede perderse”, remarcó Bridoux. Mientras tanto, la investigación continúa y la principal prioridad sigue siendo identificar a los responsables del abuso sexual y determinar qué ocurrió con la prueba genética que hoy se volvió el centro del expediente.