El fiscal federal de Derechos Humanos habló de los juicios que vienen y de un aspecto de la represión que todavía no se terminó de reconstruir: a las víctimas y sus familias les toca de cerca, y lo que dijo sobre los próximos procesos abre una pregunta incómoda.
El fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Vigay, puso en valor una serie de trabajos audiovisuales producidos por estudiantes universitarios y, en paralelo, trazó un mapa de lo que todavía falta esclarecer sobre el terrorismo de Estado en la provincia.
Se trata de los proyectos transmedia «Jóvenes haciendo memoria», elaborados por alumnos de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (Fadycc) de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) en el marco de las cátedras Seminario de Integración Imagen, Sonido y Multimedia III y Animación 2D, 3D y Diseño Web.
La iniciativa apunta a rescatar relatos, recomponer hechos ligados a la represión ilegal y abrir nuevas puertas para que las generaciones más jóvenes se acerquen a la memoria colectiva. Con recursos audiovisuales, narrativas digitales y formatos transmedia, los estudiantes investigaron y produjeron contenidos orientados a sostener los pilares de memoria, verdad y justicia.
El valor de las producciones estudiantiles
Vigay subrayó el compromiso de los alumnos y la potencia de estos materiales para acercar a la sociedad información histórica y judicial que permaneció durante décadas oculta o fuera del alcance del público.
«Todos los trabajos han sido muy valiosos. Me parece que son herramientas muy eficaces para llegar a la sociedad y para seguir cumpliendo con el objetivo de reconstruir nuestra historia», expresó el fiscal.
En diálogo con LA VOZ DEL CHACO, felicitó a los participantes y remarcó «el esfuerzo, la empatía y el compromiso» que se advierten en cada pieza. También reivindicó el rol de la universidad pública como institución clave para la democracia y para la producción de conocimiento.
«Una vez más se ha demostrado lo valiosa que es para nuestra democracia, para nuestro Estado de Derecho y para nuestro proceso de justicia. La verdad es que es algo emocionante», manifestó.
La reconstrucción judicial del terrorismo de Estado en el Chaco
Desde su lugar en la Fiscalía Federal de Chaco, donde se desempeña desde 2010, Vigay repasó el camino de reconstrucción histórica y judicial de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Mencionó su intervención en distintos procesos desarrollados en la provincia, entre ellos las causas por la Masacre de Margarita Belén y otros juicios que permitieron identificar responsabilidades y reconstruir el engranaje del aparato represivo. «De alguna manera, esos juicios y esas sentencias dan un parámetro de lo que ha sido el terrorismo de Estado en el Chaco», sostuvo.
Según explicó, buena parte de esa reconstrucción fue posible gracias a los testimonios de sobrevivientes, familiares de las víctimas y organizaciones que sostuvieron durante décadas la búsqueda de verdad y justicia. También consideró central identificar cómo operó la estructura represiva y qué papel cumplieron las distintas fuerzas de seguridad y organismos estatales, entre ellos el Ejército y la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.
A su entender, los trabajos académicos y las producciones transmedia tienen un valor especial porque trasladan esa reconstrucción a nuevos formatos y lenguajes, ampliando la circulación del conocimiento entre los más jóvenes.
Lo que todavía falta investigar
Pese a los avances judiciales, el fiscal advirtió que quedan aspectos del terrorismo de Estado que necesitan ser investigados y esclarecidos.
Entre las deudas pendientes señaló la violencia ejercida contra las infancias durante la dictadura y la necesidad de profundizar las investigaciones sobre personas desaparecidas y sobre los espacios que integraron el circuito clandestino de detención. «Quedan muchas cosas pendientes. La violencia hacia la infancia es uno de los aspectos que se van a seguir reconstruyendo en los próximos juicios», señaló.
También pidió avanzar sobre el funcionamiento de determinados espacios de detención, como la Unidad de Investigaciones y la Jefatura de Policía, cuya participación en el circuito represivo requiere seguir siendo documentada. «Hay varias cuestiones que están pendientes y los juicios programados para los próximos años van a permitir avanzar», afirmó.
Un plan económico detrás de la represión
Al reflexionar sobre el significado histórico de la última dictadura, Vigay la describió como una de las etapas más trágicas y oscuras de la Argentina y remarcó que el terrorismo de Estado estuvo atado a un proyecto económico y político orientado a desarticular las organizaciones sociales, sindicales y políticas.
«Los grupos de poder real utilizaron a las Fuerzas Armadas para llevar adelante un plan sistemático de desaparición, persecución y desarticulación de las organizaciones y de toda conciencia colectiva que pudiera oponerse a ese proyecto económico», expresó.
En esa línea, sostuvo que las consecuencias de aquel modelo siguen presentes en las discusiones políticas, económicas y sociales actuales. «Muchos sectores políticos, económicos y de poder siguen intentando profundizar un modelo que empuja a una inmensa mayoría de los argentinos hacia la pobreza extrema, el desempleo, la marginación y la desigualdad», advirtió.
Equipos interdisciplinarios y universidad pública
Otro de los ejes de su intervención fue la importancia de sostener los equipos interdisciplinarios que aportaron a las investigaciones judiciales sobre crímenes de lesa humanidad.
Vigay cuestionó el desfinanciamiento de esos espacios y consideró que debilitar sus estructuras implica afectar herramientas fundamentales para reconstruir la historia argentina. Como ejemplo mencionó el juicio por la Masacre de Napalpí, en el que participaron alrededor de 30 investigadores y profesionales de distintas disciplinas, entre ellos psicólogos, antropólogos e historiadores.
«Hicieron un trabajo muy valioso de investigación, análisis de documentos y testimonios. Fueron aportes centrales para que ese juicio pudiera llevarse adelante y para que esas investigaciones se convirtieran en pruebas judiciales», explicó.
Para cerrar, el fiscal llamó a mantener el compromiso institucional y social con la memoria histórica y valoró que las nuevas generaciones se involucren en estos procesos a través de la investigación, la producción audiovisual y las herramientas digitales.
