El Fondo de Asistencia Laboral tenía fecha de arranque, pero ARCA movió el calendario

La puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) no será en noviembre como estaba previsto. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió postergar su entrada en vigencia y ahora el régimen comenzará a regir el 1 de diciembre de 2026.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución General 5.915/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Con esa norma, el organismo adecuó su reglamentación a los cambios que el Poder Ejecutivo introdujo mediante el decreto 1.228/2026.

Qué cambió con el decreto

El decreto presidencial extendió el período de carencia del FAL: pasó de 6 a 12 meses. El objetivo es asegurar la conformación del patrimonio inicial del fondo antes de que empiece a operar.

Por eso el inicio de la vigencia del régimen se traslada del 1 de noviembre de 2026 al 1 de diciembre de 2026. La norma será aplicable a partir de las declaraciones juradas del período devengado diciembre de 2026 y los subsiguientes.

Cambios en el sistema de declaración

Junto con la prórroga, ARCA actualizó el sistema aplicativo. La versión 48 de "Declaración en línea" será la que deberá utilizarse para presentar las declaraciones juradas desde el 1 de diciembre de 2026, incluso para períodos devengados anteriores.

Según la ley de Modernización Laboral, ARCA es el organismo encargado de implementar el procedimiento de declaración y pago de la contribución mensual. Esa integración se hace junto a la Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS), y el organismo actúa además como agente de derivación de la contribución mensual a la Cuenta Individual del Empleador.

Por qué se postergó

La prórroga se dispuso por la complejidad y el alcance del nuevo régimen. ARCA argumentó que necesita un plazo adicional para completar las implementaciones necesarias y realizar las pruebas correspondientes, de modo de asegurar condiciones adecuadas de funcionamiento al momento de la entrada en vigor.

Las medidas buscan preservar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la operatividad del régimen, tanto para los sujetos alcanzados como para los organismos y entidades responsables de su implementación y funcionamiento.