El forense dictaminó que a Gilmar lo mató una maniobra policial: su familia todavía no pudo ver el cuerpo

El Cuerpo Médico Forense confirmó que Gilmar Claros Ferrel, un ciudadano boliviano de 35 años, murió por "asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca por estrangulamiento" durante su detención en el barrio San Benito. La familia reclama ante la Justicia poder ver los restos en la morgue, algo que no logró desde el día del hecho.

La noche del viernes 16 de octubre en Río Gallegos había quedado registrada, en el parte policial inicial, como una muerte por descompensación y abuso de alcohol dentro de un calabozo de la Comisaría Séptima. Semanas después, el informe definitivo de los forenses cambió por completo el eje del expediente y derivó en el apartamiento de tres efectivos de la fuerza provincial.

Qué pasó esa noche en el barrio San Benito

Según la instrucción del Juzgado de Instrucción N° 3, a cargo de Gerardo Giménez, todo comenzó cerca de las 22:35 cuando un nene de 10 años cruzó corriendo la calle hasta el Gimnasio Municipal Indio Nicolai, en la periferia de la capital santacruceña. El chico llegó alterado, pidiendo auxilio porque su padrastro estaba agrediendo a su madre en la casa de enfrente.

El personal del complejo deportivo llamó a emergencias y una comitiva de la Comisaría Séptima se trasladó a un departamento de la manzana 71. Allí encontraron a un hombre con aliento etílico y a una mujer de 36 años, identificada como PLR, con una lesión en la encía y el labio inferior.

Con el correr de las horas, la propia mujer desmintió la versión de un ataque machista: declaró ante los investigadores que no hubo ningún golpe de puño de su pareja y que la herida se produjo de forma accidental durante un forcejeo por un teléfono celular.

Pese a que el testimonio de la presunta víctima desarmaba la hipótesis inicial, los efectivos le exigieron a Claros Ferrel que saliera del inmueble. El hombre se resistió y los agentes pidieron refuerzos del Comando de Patrullas. La reducción terminó con él esposado y trasladado en patrullero a la Comisaría Séptima, ubicada en las inmediaciones del barrio.

La versión que se cayó y el giro del informe forense

El parte policial original sostuvo que el detenido sufrió una descompensación repentina al ingresar a la celaduría: según esa versión, los agentes iniciaron maniobras de RCP y llamaron a una ambulancia, cuyos profesionales intentaron reanimarlo con un desfibrilador hasta que el médico de guardia certificó la muerte. Fuentes de la fuerza incluso deslizaron que la víctima tenía más de dos gramos de alcohol por litro en sangre y afecciones cardíacas previas.

La autopsia desbarató ese relato. El dictamen concluyó que el deceso se produjo por "asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca por estrangulamiento", y respaldó el dato que La Opinión Austral había publicado en exclusiva días después del hecho: los agentes aplicaron una maniobra de sujeción al cuello durante el procedimiento en el departamento.

Esa técnica de inmovilización extrema presiona las vías respiratorias y los vasos carotídeos, y ahora será objeto de peritajes para determinar con qué intensidad, durante cuánto tiempo y con qué impericia se aplicó.

Tres policías apartados y Gendarmería al frente

Tras la confirmación forense, la Jefatura de Policía de la Provincia ordenó el apartamiento preventivo de tres efectivos de la Comisaría Séptima que participaron directamente de la detención. Esa medida no implica responsabilidad ni culpabilidad en el hecho: fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que, por ahora, no hay personas formalmente imputadas en el expediente.

Por la gravedad institucional de que miembros de la fuerza provincial queden señalados como presuntos autores de una muerte bajo custodia, el magistrado desplazó a la policía de la investigación. Las medidas probatorias y periciales quedaron íntegramente en manos de la Gendarmería Nacional, para garantizar independencia y transparencia en la recolección de pruebas.

El reclamo de la familia: ver el cuerpo

Durante la última semana hubo varias reuniones entre los allegados de Gilmar y el juez de la causa. René, hermano de la víctima, Marcelina Escobar, su ex pareja, e integrantes de la comunidad boliviana se acercaron al Juzgado de Fagnano y Juan B. Justo para pedir respuestas.

Ahora, fuentes consultadas por este medio confirmaron que la familia presentó un pedido formal ante la Justicia para poder ver los restos en la morgue. Desde el mismo día del hecho no tuvieron ningún contacto visual ni presencial con el cuerpo, y a casi dos semanas del fallecimiento siguen sin poder despedirlo.

Mientras se espera una semana clave en los tribunales locales por nuevas medidas probatorias pedidas por la querella, y mientras la Justicia evalúa autorizar el reconocimiento visual, el caso de la Comisaría Séptima quedó instalado como uno de los episodios más graves de abuso institucional en la historia reciente de Río Gallegos.