El fraude de las pensiones truchas en Salta: 9.000 casos sólo en Anta y una red que tocaba el bolsillo del Estado

Un escándalo que remueve los cimientos de la administración pública salteña: al menos 9.000 pensiones por discapacidad fueron otorgadas de manera fraudulenta en el departamento Anta, según la investigación que ayer dio un paso clave con la formalización de la causa y la imputación de 15 personas.

La trama, que incluye a médicos, políticos, gestores y hasta un jefe de ANSES, habría generado un perjuicio millonario al Estado: unos 3.280 millones de pesos por mes que engrosaban los bolsillos de una asociación ilícita dedicada a fabricar certificados truchos.

El fiscal general Amad, a cargo de la investigación, dialogó con La Mañana de Radio Lup 94.7 Salta y reveló detalles escalofriantes sobre el modus operandi de la banda.

El origen: una causa en Taco Pozo que destapó la olla

Todo comenzó con una investigación en Taco Pozo, donde un médico salteño firmaba certificados de discapacidad para el Chaco. Allí se detectaron 840 pensiones irregulares y se procesó al intendente, al jefe de ANSES y a varios médicos, en una causa que ya fue elevada a juicio.

Fue a partir de ese caso que, a mediados de 2024, el fiscal Amad informó al fiscal general de distrito, Dr. Villalba, y comenzaron las medidas correspondientes. Allanamientos, documentos y testimonios fueron clave para llegar a la formalización de la investigación en el día de ayer.

¿Quiénes integraban la asociación ilícita?

Según el fiscal, 15 personas conformaban una asociación criminal cuyo objetivo era extender certificados médicos apócrifos. Entre ellos se encuentran políticos, médicos, gerentes o directores de hospitales, gestores y el jefe de la oficina de ANSES en Anta.

El mecanismo era simple pero devastador: “Con esos certificados médicos truchos gestionaban, creaban una historia clínica o un legajo, y con eso se les otorgó a personas que no estaban enfermas, un certificado por discapacidad”, explicó Amad.

Además, se comprobó que algunos de los integrantes de la red recibían sobornos que iban desde los 40 mil hasta el 1 millón de pesos por cada trámite fraudulento.

¿Qué pasa con las pensiones y los imputados?

Consultado sobre si los imputados serán apartados de sus cargos, el fiscal fue tajante: no es una facultad suya, sino de las áreas administrativas. “Estas personas gozan del estado de inocencia hasta que una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada diga lo contrario”, señaló.

En cuanto a las pensiones truchas, Amad opinó que deberían darse de baja si se confirma su ilegalidad, pero un juez federal de otra provincia ordenó por medida cautelar que se sigan abonando. “Hoy en día no sé si estas pensiones se pagan o no”, admitió.

El fiscal también dejó en claro que Anta es solo la punta del iceberg: “Hay que seguir mirando y seguir investigando donde hay más de éstas. Lo que pasa que en Anta es donde mayor cantidad hay”.