El fraude de los DNI truchos en Pocito: seis nuevos condenados y un dato que sorprendió al juez

La Justicia Federal de San Juan dictó una nueva sentencia en la causa que destapó una organización dedicada a fabricar DNI con identidades ajenas. Seis personas fueron condenadas por prestar sus datos biométricos para el fraude, en un caso que expone cómo se gestaban los documentos truchos desde el Registro Civil de Pocito.

El juez federal Daniel Doffo, titular del Tribunal Oral Federal de San Juan, declaró penalmente responsables a Carlos Fabián Prato, Dayana Belén José, Dayana Sol Castro Cajal, Analía Edith Rosales, Flavia de las Mercedes Vargas y Lucas Alfonso González. El delito: falsedad ideológica en grado de tentativa.

¿Cómo operaba la organización?

Según la investigación, el grupo utilizaba los datos biométricos de una persona (fotos, huellas) pero consignaba la identidad de otra. Así lograban emitir DNI auténticos a nombre de terceros, que luego usaban para pedir préstamos, hacer compras u otras operaciones con identidades robadas.

En esta etapa, el juez se centró en quienes concurrían personalmente a la delegación del Renaper en Pocito para facilitar la maniobra. Todos se sometieron a la toma de fotos y huellas, y después se iniciaban trámites con datos ajenos.

Para Doffo, los acusados no fueron simples instrumentos: conocían perfectamente la finalidad del fraude. Un dato clave fue que, al terminar el trámite, cada uno recibía un comprobante con el nombre y número de documento de la persona cuya identidad se intentaba usurpar. “Era imposible no advertirlo”, sostuvo el magistrado.

Las pruebas que incriminaron a los acusados

El juez también llamó la atención sobre el hecho de que ninguno hiciera el trámite en su oficina más cercana, sino que todos se trasladaron a Pocito. Además, consignaron domicilios inexistentes o de difícil ubicación, lo que permitía que los DNI volvieran al Registro Civil y fueran retirados allí, sin llegar a los verdaderos titulares.

En el caso de Analía Edith Rosales, la investigación detectó 185 comunicaciones telefónicas con Rolando Navarro Saide, el líder de la organización. En esas charlas se mencionaban “los DNI” y se hablaba de préstamos y compras, algo que para el juez resultó incompatible con su versión defensiva.

¿Cuántas personas fueron afectadas?

La organización intentó usurpar la identidad de 22 ciudadanos. En cinco casos, los DNI llegaron a emitirse; el resto fue detectado gracias a los controles del Renaper.

Las condenas

Dayana Belén José, Dayana Sol Castro Cajal, Flavia de las Mercedes Vargas y Lucas Alfonso González recibieron un año y ocho meses de prisión en suspenso y multas de 20.000 pesos. Analía Edith Rosales, con dos hechos, fue condenada a dos años y dos meses de prisión en suspenso y una multa de 25.000 pesos.

La situación más grave fue la de Carlos Fabián Prato: un año y diez meses de prisión efectiva, que se unificaron con otra condena previa por estupefacientes en Jujuy. En total, deberá cumplir tres años y diez meses de cárcel, más multa y costas.