El fuerte reclamo de una jueza de Santa Cruz contra la baja en la imputabilidad

Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que desde el sábado redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la titular del Ministerio Público de la Defensa de Santa Cruz, Romina Saúl, salió a marcar una posición contundente: “No queremos chicos en cárceles”.

La funcionaria, que también es Defensora General ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), advirtió que la nueva normativa choca con la Constitución Nacional y con tratados internacionales que Argentina está obligada a respetar. En diálogo con La Opinión Austral, explicó que la medida viola el principio de no regresividad y encendió alarmas por la falta de infraestructura para alojar a menores en conflicto con la ley.

Un cambio que preocupa a la justicia santacruceña

Saúl sostuvo que la baja en la edad de punibilidad “abre un nuevo escenario para la justicia”, tanto para la magistratura como para las defensorías y fiscalías. Según su análisis, la norma no se ajusta a lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional en el país, ni a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que en su observación número 24 insta a los Estados a no reducir la edad mínima de responsabilidad penal.

“Argentina ya tenía 16 años y debía abstenerse de rebajarla”, remarcó la magistrada, y agregó que el enfoque debería estar puesto en el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, regulado por la ley nacional 26.061 y la provincial 3062/09.

Riesgo de condenas internacionales

Uno de los puntos más delicados que planteó Saúl es la posibilidad de que el país sea sancionado por organismos internacionales. “Argentina puede ser condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió, y recordó que ya hubo antecedentes en los que el Estado fue encontrado responsable por violaciones a los derechos de menores.

Como ejemplo, mencionó el caso de Lucas Mendoza, un joven que fue condenado a prisión perpetua siendo menor y que denunció haber sufrido graves violaciones a sus derechos. Mendoza perdió un ojo mientras estuvo detenido y, según Saúl, su historia demuestra que el encierro temprano no resocializa, sino que “provoca consecuencias graves a la salud psico-física”.

La realidad en Santa Cruz

En la provincia, la falta de infraestructura es un problema central. Saúl señaló que existe un único dispositivo de alojamiento para jóvenes infractores, ubicado en Río Gallegos, y que actualmente no tiene internos. Pero si un menor de la zona norte necesitara ser alojado, no habría instalaciones cerca de su familia, su escuela o sus defensores.

“Estamos solicitando a la Secretaría de Niñez provincial que se implemente un dispositivo en la zona norte”, explicó, y aseguró que la provincia ya está avanzando en ese sentido.

Más causas menores y trabajo conjunto

Con la nueva ley, conductas que antes no tenían consecuencias penales —como romper un vidrio, amenazar o cometer un delito contra la integridad sexual— ahora serán punibles. Saúl anticipó que habrá un aumento de procesos por delitos menores y que se está trabajando en conjunto con la vocal del TSJ Alicia de los Ángeles Mercau, el juez penal juvenil Fernando Zanetta y el procurador general Eduardo Sosa.

El objetivo es establecer criterios comunes que respeten la ley 27.801 y las convenciones internacionales, priorizando medidas alternativas como la reparación del daño, restricciones de acercamiento o actividades educativas y comunitarias. “La privación de la libertad debe ser el último recurso”, enfatizó.

Finalmente, la defensora general destacó el trabajo con el Consejo Provincial de Educación y los equipos interdisciplinarios del dispositivo de alojamiento juvenil para informar a los chicos y chicas sobre sus derechos y obligaciones, y garantizar que, si se ven involucrados en un conflicto con la ley penal, sean acompañados y se soliciten medidas alternativas al encierro.