El funcionario que defendió el presupuesto educativo puso la lupa en un número de la UBA

En medio de la pulseada por la plata de las universidades nacionales, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, pasó por el Congreso y no se guardó nada: defendió el proyecto de Presupuesto 2027 y puso bajo la lupa cómo las casas de estudio manejan sus recursos.

El funcionario del Ministerio de Capital Humano, que responde a la ministra Sandra Pettovello, cuestionó las cifras de matrícula que informan las universidades, advirtió por los bajos índices de graduación y sostuvo que el costo fiscal por cada profesional recibido ronda los $80 millones.

“La autonomía no está en discusión; lo que exigimos es gestión responsable y transparencia”, afirmó Torrendell durante su exposición.

La presentación se dio en el marco de la defensa del presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, que prevé transferencias a las universidades nacionales por $7,7 billones. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones. La semana pasada, una movilización masiva se concentró en las inmediaciones del Congreso para exigir el cumplimiento de la ley de presupuesto universitario.

El lugar de las universidades en el gasto

Para rebatir las críticas sobre el financiamiento, Torrendell sostuvo que las universidades representarán el 3,88% del gasto total de la administración pública nacional en 2027, contra el 3,52% de 2025 y un promedio del 3,81% en las últimas dos décadas.

“Dentro del presupuesto nacional, las universidades no perdieron lugar, lo ganaron”, afirmó.

Otro de los ejes de su exposición fue el costo de funcionamiento del sistema. Según los cálculos que presentó, cada graduado representa un costo fiscal consolidado de aproximadamente $80 millones, mientras que las universidades reciben, en promedio, $12,4 millones anuales por estudiante equivalente a tiempo completo.

Las diferencias entre instituciones

El funcionario también apuntó a las diferencias entre casas de estudio. Aseguró que ocho universidades reciben más del doble del promedio nacional y mencionó los casos de Tierra del Fuego, Patagonia, San Juan Bosco y Chilecito, donde la asignación alcanza o supera los $37 millones por estudiante equivalente.

“Son diferencias que nadie ha explicado y que la sociedad que la financia merece conocer”, cuestionó.

Matrícula y graduación: los números que presentó

Torrendell objetó además la forma en que se contabiliza la matrícula. Según los registros de 2024 que exhibió, las universidades nacionales informaron 1.972.000 estudiantes de pregrado y grado, aunque solo 881.000 aprobaron al menos dos materias durante el año. Con un criterio de equivalencia a tiempo completo, la cifra se reduce a 642.000, un indicador que mide la dedicación académica y no la cantidad de personas matriculadas.

En ese contexto apuntó directamente contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reportó 349.286 estudiantes en el anuario estadístico oficial, frente a los 105.391 informados a la consultora QS para su ranking internacional.

“Una misma universidad no puede tener dos cifras según quién pregunte”, afirmó. La comparación, sin embargo, requiere precisar si ambos relevamientos utilizan los mismos criterios.

El secretario también cuestionó los índices de abandono y graduación: afirmó que el 44,5% de los ingresantes a universidades estatales deja sus estudios al término del primer año y que apenas el 18,7% se gradúa dentro del tiempo teórico de la carrera, frente al 40,8% de las instituciones privadas.

“De cada 10 estudiantes que entran a una universidad estatal, menos de dos se reciben en tiempo y forma”, sintetizó.

El cruce con el kirchnerismo por la expansión universitaria

La exposición incluyó un ida y vuelta con los diputados kirchneristas por la expansión del sistema. Torrendell señaló que, de las 62 universidades nacionales existentes, 26 fueron creadas entre 2003 y 2023, el 42% del total. El dato despertó un aplauso entre los legisladores opositores, al que el funcionario respondió con una crítica: sostuvo que la celebración estaría justificada si esa expansión se hubiera traducido en mejores resultados educativos.

“El problema no es multiplicar instituciones sino lograr retención de matrícula, graduación y aprendizaje”, retrucó.

En ese tramo también citó al papa Francisco para cuestionar una expansión centrada, según su planteo, en “ocupar espacios y presupuesto” en lugar de impulsar procesos orientados a la excelencia y la inclusión universitaria.

El viraje en la política educativa

La defensa del presupuesto universitario formó parte de una exposición más amplia en la que Torrendell cuestionó la distribución del gasto educativo de las gestiones anteriores.

“Se gastó mucho, pero no se gastó en que los chicos realmente aprendieran”, afirmó.

Según explicó, en 2023 el 34,5% de los recursos nacionales destinados a apoyar la educación básica en las provincias se repartía entre más de 200 programas educativos sin impacto pedagógico evaluado. Otro 20% se destinaba a equipamiento digital y un 21% a incentivos salariales, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que cuestionó por no estar vinculados a mejoras en la enseñanza.

Frente a ese esquema defendió la concentración de recursos en el Plan Nacional de Alfabetización y Matemática y destacó que el 76,9% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en lengua en la evaluación Aprender 2025, diez puntos porcentuales más que en 2023, según los datos que presentó.

“No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor”, insistió Torrendell, al sintetizar el criterio con el que el Gobierno busca defender su política educativa en medio de la disputa por los recursos.