El funcionario que salió a defender el proyecto turístico de la Península de Magallanes apuntó contra las versiones que circulan

El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, rompió el silencio y salió a respaldar el proyecto turístico que se quiere desarrollar en la Península de Magallanes. Lo hizo en declaraciones radiales, donde no esquivó las críticas y apuntó directo contra lo que llamó "desinformación" alrededor de la iniciativa.

"Acá no hay nada oculto, hicimos todo bajo la normativa vigente", disparó Garay, visiblemente molesto por las versiones que, según sostuvo, distorsionan el trabajo del organismo que preside.

Un plan que viene de la gestión anterior

Garay recordó que el Plan de Manejo de la Península de Magallanes fue aprobado en 2022, durante la gestión anterior, después de un proceso que incluyó estudios, modificaciones y una audiencia pública.

Según explicó, la propuesta inicial de la empresa no encajaba con las condiciones del plan, por lo que el CAP pidió cambios. La firma presentó distintas alternativas hasta que logró una que se ajustara a la normativa. "La gestión actual exigió los ajustes necesarios", remarcó.

El funcionario también aclaró un punto clave: los inmuebles afectados son de dominio privado desde hace más de seis décadas. La Provincia transfirió los títulos de propiedad en la década de 1960, por lo que el Estado provincial no tiene responsabilidad directa sobre la titularidad del suelo.

De las 38.900 hectáreas que integran el área protegida, solo un porcentaje minoritario y de difícil acceso sigue bajo la órbita pública. El resto pertenece a privados.

Qué incluye el complejo y cómo se controlará

El proyecto contempla un complejo turístico en un predio privado de 20 hectáreas, dentro de la península. La idea es construir 24 cabañas con capacidad máxima para 60 camas, además de espacios comunes y senderos.

Garay precisó que la empresa presentó el estudio de impacto ambiental en 2023 y que obtuvo la aprobación en 2024, tras la intervención de los organismos correspondientes. El desarrollo deberá cumplir exigencias específicas en tratamiento de efluentes y prevención de incendios, y el CAP hará controles para verificar que las obras respeten lo autorizado.

El titular del organismo sostuvo que se trata de una inversión privada que busca ampliar la oferta turística de El Calafate y atraer a un segmento de visitantes que hoy tiene pocas propuestas de este tipo. También dijo que puede generar empleo y actividad económica, siempre bajo las condiciones ambientales establecidas.

El expediente llega a la Legislatura

Ante el pedido de informes de la Cámara de Diputados, Garay confirmó que el CAP concurrirá para brindar explicaciones y presentar la documentación. La exposición contará con técnicos de Áreas Protegidas y de los equipos legales y técnicos del organismo, que responderán las consultas.

En ese marco, destacó la política de desarrollo turístico impulsada por el gobernador Claudio Vidal, orientada a promover inversiones, generar oportunidades de empleo y fortalecer la actividad económica, con el compromiso de proteger el patrimonio natural de Santa Cruz.