El futuro del agresor de Negrita no depende solo de la ley: la pericia que puede cambiar todo

La muerte de Negrita, la perra de 13 años que fue atacada con brutalidad en el barrio Villa Chartas, despertó una ola de indignación en toda la provincia. Con el sospechoso detenido, la pregunta que muchos salteños se hacen es qué castigo establece la ley para un caso así y si el acusado terminará efectivamente entre rejas. La respuesta no es sencilla: depende de una combinación de normas de baja escala penal y de un estudio psiquiátrico que podría torcer el rumbo judicial.

Qué dice la ley nacional de maltrato animal

El instrumento que rige a nivel nacional es la Ley 14.346, sancionada en 1954. La norma castiga con penas de 15 días a 1 año de prisión a quien incurra en actos de crueldad contra los animales, un catálogo que incluye provocarles sufrimientos innecesarios, torturarlos o matarlos.

La escala penal es tan acotada —un año como máximo— que, para alguien sin antecedentes penales firmes, el delito se vuelve de ejecución condicional. En términos prácticos, aun si la Justicia lo declara culpable por la muerte de Negrita, el agresor podría permanecer en libertad sin pisar una cárcel.

El marco provincial y el impulso de la "Ley Lola"

En Salta, el abordaje del maltrato animal se apoya en el sistema contravencional, con multas, trabajos comunitarios y sanciones administrativas. La percepción de que esos castigos son insuficientes llevó a que en la Legislatura provincial tome fuerza el proyecto conocido como "Ley Lola". La iniciativa propone subir los topes de las sanciones contravencionales, crear un registro de maltratadores e imponer inhabilitaciones severas para la tenencia de mascotas.

Pese a estos avances locales, el ámbito penal sigue atado al Código Penal Argentino y a la Ley 14.346. Por eso las organizaciones proteccionistas de la ciudad reclaman una reforma nacional que tipifique la crueldad animal con penas de prisión efectiva.

La pericia psiquiátrica, la verdadera bisagra

Más allá de los límites de la ley, el porvenir procesal del acusado está atado a los estudios ordenados por la fiscal Carolina Mateo Bellini. El imputado fue derivado al Hospital de Salud Mental Miguel Ragone para someterse a una junta médica.

Si los profesionales determinan que el hombre comprendía la criminalidad de sus actos, deberá enfrentar la imputación penal. Si, en cambio, concluyen que padece un trastorno severo o un cuadro de inimputabilidad que le impedía entender lo que hacía cuando atacó a Negrita, la Justicia no le aplicará una condena penal, sino una medida de seguridad psiquiátrica: internación y tratamiento en el ámbito de la salud pública.

El caso, así, quedó suspendido de un hilo técnico. La ley, tal como está escrita, no alcanza para garantizar una pena de cárcel, y la decisión final pasará por lo que dictaminen los especialistas del Ragone.