El giro inesperado en la causa contra Diego Ovejero que llevó el caso a la Justicia Federal

La investigación por una estafa con azúcar que supera los $740 millones dio un vuelco clave: la Justicia de Tucumán decidió remitir el expediente al fuero federal. ¿El motivo? Los hechos podrían esconder delitos mucho más graves, como intermediación financiera ilegal y lavado de activos.

El fiscal Diego López Ávila fue quien impulsó el cambio de jurisdicción tras más de seis meses de pesquisa. Para él, la maniobra denunciada no era una simple estafa, sino un esquema financiero de mayor envergadura. El juez Guido Cattaneo aceptó el planteo y declaró incompetente a la Justicia provincial.

La decisión se basó en las declaraciones de las víctimas, la documentación aportada y los informes de organismos públicos. En su resolución, Cattaneo destacó que se detectó un mecanismo sistemático de captación de fondos de terceros.

“Se advierte que en los hechos investigados se habría desplegado un esquema sistemático y habitual de captación de fondos de terceros. Estas conductas configuran, prima facie, una operatoria de intermediación financiera no autorizada”, fundamentó el magistrado.

¿Qué sociedades usó Ovejero para canalizar el dinero?

Según la investigación, Diego Ovejero habría creado las sociedades Food Trading Dos SAS, El Marqués SAS y Bellamar Estancias para manejar los más de 740 millones de pesos que aportaron nueve inversores. El juez señaló que el uso de distintas estructuras societarias y la falta de registración son indicios de lavado de activos y evasión tributaria.

“El perjuicio no se limita a los inversores, afecta el orden económico y financiero nacional”, afirmó Cattaneo, justificando la competencia federal.

¿Qué dijeron los abogados de las víctimas?

Ariel Lezcano, abogado de uno de los denunciantes, calificó la remisión como un “punto de inflexión”. “Ahora corresponde determinar si existió un sistema organizado de captación de fondos y quiénes participaron”, sostuvo. Además, aseguró que seguirán impulsando la investigación “hasta las últimas consecuencias” para que las víctimas obtengan justicia y reparación.

Sin embargo, el caso aún enfrenta un trámite clave: la Justicia Federal debe decidir si acepta la competencia total o parcial. Si la rechaza, la Corte Suprema deberá resolver el conflicto, lo que podría demorar meses o años.

Mientras tanto, la pesquisa continuará profundizando en el origen y destino de los fondos, el funcionamiento de las sociedades, los movimientos bancarios y la posible participación de otras personas.