El giro inesperado en la causa de Javier "Chuky" Casanova que lo devolvió a la cárcel

La situación judicial de Javier "Chuky" Casanova, señalado por las autoridades como uno de los referentes del narcotráfico en Tucumán, dio un vuelco en cuestión de días. El acusado perdió el arresto domiciliario y quedó a la espera de un cupo para ser trasladado a una cárcel federal, después de que un juez de Jujuy lo procesara por el presunto transporte de 50 kilos de cocaína.

La nueva imputación, que derivó en una prisión preventiva de 30 días, fue el detonante para que el juez federal tucumano José Manuel Díaz Vélez revocara el beneficio que le había concedido días atrás. La decisión contó con el respaldo del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.

Un recorrido judicial complejo

El expediente acumula idas y vueltas desde el año pasado, cuando el fiscal de Narcomenudeo José Sanjuán impulsó el procesamiento de Casanova por comercialización de estupefacientes. Pero al detectar indicios de que podría estar metido en operaciones de mayor escala, la causa pasó al fuero federal.

Allí, Vehils Ruiz promovió el procesamiento por narcotráfico y lavado de activos. Díaz Vélez lo procesó por infracción a la Ley de Estupefacientes, aunque dictó la falta de mérito en cuanto al lavado. Esa resolución fue apelada por la defensa y sigue esperando revisión de la Cámara Federal.

A fines de julio, Casanova llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal: reconoció que la droga le pertenecía y aceptó una condena de tres años de prisión efectiva, una pena poco habitual en estos casos. Además, se comprometió a donar dos millones de pesos a un hospital público y aceptó el decomiso de bienes valuados en más de 150.000 dólares, entre ellos una camioneta Ford Raptor, dos motos de alta gama y otro vehículo.

Sin embargo, el convenio sigue sin resolverse porque el juez todavía no remitió el expediente al Tribunal Oral Federal, que deberá homologarlo o rechazarlo una vez que la Cámara se expida sobre la apelación.

El episodio que encendió las alarmas

Mientras tanto, la defensa pidió la libertad de Casanova argumentando que la investigación había terminado. El fiscal se opuso, pero consideró viable la prisión domiciliaria. El juez aceptó, aunque aclaró que recién se haría efectiva cuando colocaran la tobillera electrónica.

Fue en ese lapso que ocurrió un episodio que generó sospechas entre los investigadores. Personal del Servicio Penitenciario solicitó autorización para llevar a Casanova al Hospital Avellaneda por un problema prostático, pero el pedido se presentó ante la Justicia provincial en lugar de la Federal, que era la competente. La jueza Ana María Iácono firmó la autorización, pero Díaz Vélez detectó la irregularidad y dejó sin efecto el traslado.

Para los investigadores, ese intento aumentó las dudas sobre una posible fuga. Según la causa, Casanova sabía que existía una investigación en Jujuy por los 50 kilos de cocaína y que desde el 1 de abril pesaba sobre él un pedido de detención que se mantuvo en reserva.

Qué viene ahora

El viernes pasado, en una audiencia en Jujuy, un juez federal ordenó su prisión preventiva por 30 días. Esa resolución fue clave para que Díaz Vélez revocara el arresto domiciliario, al considerar que la nueva imputación cambiaba sustancialmente su situación procesal.

La situación se agravó cuando el juez jujeño ordenó alojarlo en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Aunque no se informaron los fundamentos, trascendió que las sospechas por el traslado irregular al hospital y una salida de unas 12 horas que el imputado habría tenido el año pasado alimentaron la hipótesis de que recibió beneficios indebidos dentro del sistema penitenciario.

Como no hay plazas en las cárceles federales del NOA, las autoridades evalúan trasladarlo a un penal de la provincia de Buenos Aires, donde permanecería detenido mientras avanzan las causas en su contra.