El gobernador firmó la ley que prohíbe a los cuidacoches en toda la provincia: Rosario aún no la aplica

La ley 14.486, que prohíbe en todo el territorio de Santa Fe cualquier actividad vinculada al cuidado de vehículos en la vía pública, fue promulgada este lunes 5 de octubre a través del Boletín Oficial. La norma lleva las rúbricas del gobernador Maximiliano Pullaro y de su ministro de Gobierno, Fabián Bastía. Sin embargo, para que la prohibición sea efectiva en Rosario se necesita un paso clave: la adhesión del municipio mediante una ordenanza del Concejo Municipal.

La ley establece que cada ciudad debe adherir de manera explícita y taxativa, total o parcialmente. Según fuentes consultadas, el Ejecutivo local enviaría su propio mensaje al Palacio Vasallo el próximo 15 de este mes.

Los proyectos que esperan en el Concejo

En el Palacio Vasallo ya hay varias iniciativas presentadas por concejales de distintos bloques. El edil libertario Juan Pedro Aleart propuso la prohibición, al igual que el socialista-pullarista Federico Lifschitz. También hay otras propuestas con una visión más inclusiva: desde la creación de un registro de trapitos hasta la formación de cooperativas, pasando por una contribución regulada de los automovilistas.

No obstante, lo que suena cada vez más fuerte en los pasillos del Palacio de los Leones es que el propio intendente Pablo Javkin enviará su proyecto de adhesión al Concejo para su aprobación.

Los alcances de la ley

La norma prohíbe ofrecer el servicio de cuidado, lavado o retribución de vehículos sin autorización en zonas prohibidas. Las sanciones serán graduales: para la primera infracción se prevén de 2 a 10 días de trabajo comunitario y la prohibición de concurrir al lugar del hecho. En caso de reincidencia, las penas de arresto van de 10 a 20 días.

Además, la ley contempla acciones para abordar la problemática social y dar respuesta desde el Estado a quienes se encuentran en situación vulnerable.

El camino legislativo y las resistencias

El 17 de septiembre pasado, el Senado santafesino aprobó el proyecto del senador por Rosario Ciro Seisas, convirtiéndolo en ley. La propuesta había sido modificada y resistida por sectores de Diputados que dilataron su tratamiento e introdujeron cambios. Incluso se había intentado crear cargos específicos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para hacerse cargo de estas contravenciones, pero la iniciativa no prosperó y se confirmó el proyecto de Seisas en la cámara alta.

El Arzobispado de Rosario, a través de su obispo Eduardo Martín, venía cuestionando la prohibición y había propuesto la "regulación y ordenamiento de la actividad".