El gobernador Sáenz los citó a dialogar, pero las empresas de colectivos ya tomaron una decisión que complica a miles

Las empresas que operan el transporte metropolitano de Salta confirmaron una reducción de unidades y frecuencias en medio de un conflicto financiero que escala día a día. La medida responde a los pagos que la Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor (SAETA) mantiene pendientes desde julio, según denunciaron las propias compañías.

Ahynarca SA, Ale Hnos. SRL, El Cóndor SA, Alto Molino SRL, Transal SRL, Eduardo Ale SRL y Transporte Automotor del Valle SRL difundieron una solicitada en la que apuntaron directamente contra la conducción del organismo estatal. “Las dificultades financieras que hoy afectan al sistema son consecuencia directa de decisiones adoptadas por la dirección de SAETA”, señalaron.

Las prestatarias advirtieron que la situación podría agravarse si no se regularizan los pagos atrasados y aseguraron que cuentan con la flota, el personal y los recursos para brindar un servicio de mayor calidad. Sin embargo, sostuvieron que los atrasos condicionan la operación cotidiana.

El impacto en el servicio

De acuerdo con las empresas, SAETA acumula incumplimientos en el pago de los servicios prestados desde julio. La falta de recursos comenzó a afectar la compra de combustible y otras obligaciones necesarias para mantener los colectivos en circulación.

La solicitada no precisa cuántas unidades fueron retiradas ni cuáles son los corredores alcanzados por la reducción de frecuencias. Tampoco informa el monto total de los certificados adeudados. Las empresas, sin embargo, sostienen que el conflicto financiero ya tiene consecuencias concretas para los pasajeros.

Desde SAETA fueron consultados sobre el alcance de las deudas, la reducción del servicio y su posición frente al reclamo. El organismo indicó que durante la jornada brindaría información oficial. Las empresas también reclamaron el “estricto cumplimiento” de los contratos y seguridad jurídica para las compañías que realizaron inversiones en el sistema.

El pedido directo a Sáenz

Las compañías solicitaron la intervención directa del gobernador Gustavo Sáenz para alcanzar una “solución urgente y definitiva” que permita garantizar la continuidad del transporte metropolitano. “El transporte público no es una variable de ajuste; es un servicio esencial y un derecho social que SAETA y el Estado deben garantizar de forma ininterrumpida”, plantearon.

Las prestatarias aseguraron que mantienen la voluntad de continuar operando, aunque advirtieron que, si persisten las actuales condiciones, podrían quedar imposibilitadas de afrontar sus obligaciones económicas y sostener el servicio con normalidad.

Cómo empezó el conflicto

El 20 de agosto, empresarios del sector ya habían denunciado la falta de fondos y el atraso en los pagos de SAETA. Según las cifras difundidas entonces por los propios empresarios, la deuda acumulada rondaría los $14.000 millones.

Los representantes de las empresas señalaron que durante agosto debieron afrontar con recursos propios la compra de combustible, después de que SAETA dejara de realizar los anticipos semanales que anteriormente utilizaban para cubrir ese gasto. “SAETA ya no paga ni el gasoil”, aseguraron los empresarios en comunicación con Qué Pasa Salta.

A ese atraso se sumó la deuda por los kilómetros efectivamente recorridos. Según los referentes del sector, permanecía pendiente la totalidad del certificado correspondiente a julio, mientras que el de junio habría sido cancelado recientemente.

La situación comenzó a repercutir en las prestaciones. Los empresarios señalaron que inicialmente aplicaron una reducción del 13% en los servicios y posteriormente otro recorte del 4%, además de una disminución de frecuencias durante los sábados.

El escenario volvió a generar preocupación por la posibilidad de que se repitiera el conflicto registrado en mayo, cuando las empresas habían reducido los servicios nocturnos ante las dificultades para afrontar los costos operativos.

SAETA reconoció el déficit

A comienzos de septiembre, después de los reclamos de las prestatarias, SAETA reconoció la necesidad de gestionar una asistencia financiera extraordinaria ante el Gobierno provincial. La comunicación fue firmada por el presidente del organismo, Claudio Mohr, luego de que las concesionarias advirtieran que, si se mantenían las condiciones financieras, podían quedar imposibilitadas de sostener las prestaciones.

“SAETA S.A. se encuentra realizando las gestiones pertinentes ante el Gobierno de la Provincia de Salta a fin de obtener una asistencia financiera extraordinaria destinada a atender el déficit operativo del sistema”, señala el documento. El organismo también sostuvo que continuaba realizando pagos a las empresas “conforme a los recursos efectivamente disponibles” y que implementaba distintas medidas para preservar el funcionamiento del transporte.

Al mismo tiempo, SAETA intimó a las operadoras a garantizar la continuidad y regularidad del servicio y a evitar “cualquier suspensión, reducción o alteración unilateral” que pudiera afectar a los usuarios. El organismo recordó que las obligaciones contractuales de las prestatarias continuaban vigentes y advirtió que cualquier incumplimiento sería evaluado de acuerdo con los contratos y el marco jurídico correspondiente.