El Gobierno acelera el espionaje con IA: el programa que enciende todas las alarmas

Mientras la economía se derrumba, el Ministerio de Justicia creó un programa que abre la puerta al uso de inteligencia artificial para la vigilancia estatal. La Resolución 483, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques el 23 de septiembre, establece el Programa Nacional de Política Criminal en materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). El anexo ordena estudiar la aplicación de IA en la prevención, detección e investigación de delitos, y prevé proyectos piloto. La medida se suma a la Unidad de Inteligencia Artificial que Seguridad creó en 2024, y expertos advierten sobre sesgos y falta de controles.

Una economía al rojo vivo

El dato de pobreza del INDEC correspondiente al primer semestre encendió las alarmas: el 32,3% de las personas quedó bajo la línea de pobreza, contra el 28,2% del semestre anterior. La indigencia trepó del 6,3% al 7,5%. En números absolutos, unos 15 millones de pobres y 3,5 millones de indigentes. La razón: los ingresos crecieron menos que las canastas. El ingreso per cápita familiar subió 11,5%, mientras la Canasta Básica Alimentaria aumentó 21,4% y la Total, 19,6%.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) marcó una caída del 2,9% en julio frente a junio y del 1,4% interanual. Un informe del Banco Provincia lo ubicó como el tercer peor registro mensual desde 2004, excluyendo la pandemia, comparable a septiembre de 2019. El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó el golpe a la falta de gas, las nevadas y el Mundial de fútbol.

En el frente financiero, el riesgo país cerró el viernes 25 en 611 puntos básicos, su nivel más alto en cinco meses, tras haber tocado los 402 en julio. Las reservas internacionales terminaron la semana en 48.245 millones de dólares. Según el Banco Central, en agosto las personas compraron 3.366 millones de dólares, superando lo liquidado por el agro (2.933 millones). El BCRA apenas adquirió 768 millones, el monto mensual más bajo del año.

El caso Broffoni: cuando la IA te señala

El 26 de agosto, Flavia Broffoni, politóloga y activista argentina, recibió un correo extraño en Epuyén, Chubut: "Si estás en Ceuta, tené mucho cuidado". En Ceuta, ciudad española en la costa africana, un video se viralizó en WhatsApp. Mostraba a una joven de pelo corto, remera negra y short rojo en medio de tensiones migratorias. Alguien recortó su rostro y lo consultó a Gemini, la IA de Google, preguntando quién era. La respuesta fue categórica: era Broffoni. A más de diez mil kilómetros, la activista nunca había estado allí.

La secuencia, reconstruida por El Destape, revela cómo cinco influencers de Ceuta difundieron el video con acusaciones falsas: supuestamente la joven repartía gas pimienta entre migrantes. Sobre esa mentira se montó la identificación errónea de la IA. Broffoni recibió amenazas de muerte y violencia sexual: "Arengaban a que me violen y tiren al mar", contó. Un usuario advirtió el error, pero nadie le prestó atención. La publicación original borró su nombre, pero dejó la referencia a una "activista argentina".

La activista señaló un punto clave: "La inteligencia artificial también responde a los sesgos de la persona que la usa para tratar de dejarla conforme". El usuario buscaba una activista y la máquina se la entregó con retazos verosímiles. Los tecnólogos aseguran que estos sistemas no afirman identidades, pero en su caso lo hicieron. El clima xenófobo y la viralidad amplificaron la mentira.

Un programa bajo sospecha

La Resolución 483 crea el PRONACIB dentro de la Subsecretaría de Política Criminal, a cargo de Emiliano Pedro Méndez Ortiz, con Mariano Tomás Rivas como coordinador. El anexo dedica un lineamiento entero a la IA: ordena estudiar su "posible aplicación como herramienta de apoyo en la prevención, detección e investigación de delitos" y prevé proyectos piloto. El texto menciona resguardos como legalidad, transparencia, trazabilidad, protección de datos, no discriminación y supervisión humana, pero no crea ningún órgano externo de auditoría ni define qué sistemas se usarán o quién los proveerá.

La norma promueve canales con proveedores de servicios, plataformas digitales, empresas tecnológicas y entidades financieras. Esto deja la puerta abierta a que compañías como la que produjo el error contra Broffoni participen de la maquinaria estatal. La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, a la que remite el artículo 3, fue sancionada en el año 2000, cuando la IA generativa no existía.

La Resolución 483 no llega sola. En julio de 2024, el Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Patricia Bullrich, creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (Resolución 710), con funciones como patrullar redes sociales, usar reconocimiento facial y predecir delitos. Expertos como Beatriz Busaniche (Fundación Vía Libre) alertaron sobre sesgos discriminatorios; Lucía Camacho (CELE) observó que se enumeraban delitos que no son cibercrímenes; y Martín Becerra la calificó de imprecisa y desproporcionada.

Con ambas resoluciones, Seguridad vigila y Justicia persigue con herramientas algorítmicas, sin debate parlamentario. El debate global ya advierte que los sistemas que clasifican personas se equivocan, y esos errores recaen sobre quienes ya son sospechosos. El caso Broffoni lo demuestra, con el riesgo de que la experiencia se replique con validación estatal: un algoritmo que marca a una militante como amenaza, un informe que llega a un magistrado dispuesto a aplicar leyes antiterroristas, y una sospecha alimentada por servicios de inteligencia. Una distopía que el gobierno de Javier Milei convierte en realidad.