El Gobierno activa sumarios contra dos gremios clave: las multas que podrían pagar son millonarias

El Ministerio de Capital Humano dio un paso firme este jueves al anunciar la apertura de sumarios administrativos contra los poderosos gremios de transporte, La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida llega tras constatar que ambas organizaciones incumplieron conciliaciones obligatorias dictadas por el Estado, un hecho que podría desembocar en sanciones económicas de un peso abrumador para las cajas sindicales.

En un comunicado oficial, la cartera que conduce Sandra Pettovello detalló que las actuaciones se iniciaron luego de verificar el no acatamiento de la normativa vigente. El escrito subraya que, al momento de determinar la sanción concreta, se tendrá en cuenta la fecha precisa en la que se verificó la infracción.

¿De cuánto podrían ser las multas?

El marco legal que aplica el Gobierno es contundente. Las infracciones contempladas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales establecen multas que van desde el “50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado”.

Considerando la enorme cantidad de afiliados que tienen estos sindicatos del transporte, el cálculo final de la multa podría ascender a cifras estratosféricas. “El Ministerio de Capital Humano contempla dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, concluyó el comunicado.

Este movimiento no es una sorpresa total. El Gobierno ya había adelantado a mediados del mes pasado que evaluaba abrir estos sumarios contra la UTA y La Fraternidad. El motivo fue su adhesión al paro general convocado por la CGT el 19 de febrero, mientras se trataba la reforma laboral en el Congreso.

En ese momento, desde la Casa Rosada señalaron que ambas instancias de conciliación obligatoria estaban vigentes durante la convocatoria a la huelga, lo que configuraría una violación a la Ley 14.786.

Los plazos que no se respetaron

Los detalles técnicos son clave. En el caso específico de la UTA, la conciliación obligatoria había sido dictada el 10 de febrero por un plazo de 15 días, a raíz de un conflicto salarial en el interior del país.

Por su parte, en La Fraternidad regía una medida similar dictada incluso antes, desde el 4 de ese mismo mes de febrero. Estos plazos legales estaban en plena vigencia cuando los gremios decidieron plegarse al paro nacional, según la interpretación del Ministerio de Capital Humano.

La decisión marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Gobierno nacional y los sindicatos, especialmente con aquellos que tienen capacidad de paralizar servicios esenciales como el transporte. La aplicación de multas de esta magnitud sentaría un precedente sin igual en el derecho laboral argentino reciente.

Ahora, todo queda en manos de la evaluación administrativa para determinar el monto final de la sanción, un proceso que se seguirá con atención tanto desde el sector gremial como desde el político.