El Gobierno activa una batería de medidas de ajuste para proteger el superávit fiscal

El compromiso de mantener las cuentas públicas en positivo frente al FMI llevó al Ejecutivo a implementar una serie de recortes que impactan en programas sociales, empleo público y la estructura del Estado. Con un escenario económico más exigente, la administración busca achicar el gasto para cumplir con las metas acordadas, en un contexto donde la recaudación lleva siete meses consecutivos de caída en términos reales.

El superávit fiscal no es solo un pilar del programa económico oficial, sino un compromiso clave con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tras cerrar 2025 con un resultado primario positivo del 1,4% del PBI, la pauta para este año es más ajustada: el acuerdo con el Fondo apunta a un 2,2%, aunque el Presupuesto nacional prevé un 1,5%.

¿Cómo arrancó el año fiscal?

En el primer bimestre, el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario cercano al 0,4% del PBI y un superávit financiero de 0,1% del PBI. La apuesta del Gobierno es que la recuperación económica impulse los ingresos tributarios, pero la persistente baja en la recaudación real complica el camino, forzando un ajuste más profundo del gasto.

Una de las medidas más resonantes es la baja del programa “Volver al Trabajo”, anunciada por el Ministerio de Capital Humano. El plan, que será reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación a partir del 9 de abril, afectará a 900.000 beneficiarios que percibían una asignación mensual de $78.000.

Según cálculos de la consultora LCG, el fin de este programa representa para el Estado un ahorro de casi $900.000 millones, equivalente a alrededor del 0,1% del PBI.

Recortes y eficientización en el Estado

Paralelamente, se pusieron en marcha otras iniciativas para reducir erogaciones. El Banco Central decidió el cierre de 12 tesoros regionales ubicados en Paraná, San Juan, Bahía Blanca, Salta, Río Gallegos, Río IV, La Rioja, Comodoro Rivadavia, Río Grande, La Pampa, Misiones y Formosa.

En estas dependencias trabajaban 32 personas, a quienes se les ofrecerá relocalización en otras oficinas cercanas o transferencia a la sede central. Fuentes oficiales calificaron la medida como “100% técnica”, argumentando que busca “aumentar la eficiencia de la distribución del efectivo en el país”, dado que el circulante pasó de representar históricamente el 6% del PBI a apenas el 2% actual, impulsado por el crecimiento de los medios electrónicos de pago.

Otra línea de ajuste se enfoca en la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde se evalúa el cierre de dependencias en el interior. Desde el Ministerio de Desregulación no confirmaron la medida, pero admitieron que se lleva adelante “un proceso de evaluación” sobre varios organismos para “eliminar tareas duplicadas o consideradas obsoletas” y así “aumentar la eficiencia del Estado”.

Retiros voluntarios para reducir la planta estatal

Para profundizar la reducción de la planta pública, el Gobierno relanzó programas de retiros voluntarios. Estas iniciativas, que ya se habían implementado al inicio de la gestión, se abrieron este año en Vialidad Nacional, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los medios públicos.

En ANSES el objetivo es una reducción de 1800 personas. En Vialidad Nacional ya se inscribieron 614 empleados para acogerse al retiro. Mientras, en Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos S.E., se busca una adhesión de alrededor de 500 trabajadores.

Este conjunto de acciones refleja la determinación oficial de sostener el superávit fiscal en un contexto económico complejo, priorizando el cumplimiento de las metas con el FMI a través de un ajuste que toca múltiples áreas del sector público y los programas de asistencia social.