El Gobierno afila la “motosierra”: estos son los seis organismos clave en la mira para nuevos recortes
El Gobierno reactiva su plan de ajuste con una nueva ofensiva sobre seis organismos clave. ¿Cómo buscan reducir la planta estatal y qué advertencias lanzan los gremios sobre el futuro de estas instituciones? Los detalles de una estrategia que promete más polémica.
El ministro Federico Sturzenegger reactivó los planes de ajuste estatal con una nueva estrategia que apunta directamente a la planta de personal de seis organismos descentralizados. La meta oficial es lograr que al menos mil empleados por organismo acepten retiros voluntarios, en un contexto de salarios congelados y desfinanciamiento progresivo.
La reunión clave ocurrió el martes por la tarde en la Casa Rosada, donde Sturzenegger y el subsecretario Alejandro Tamer ultimaron detalles de esta nueva fase del plan. El objetivo declarado por el oficialismo es claro: “Si se reducen los trabajadores en el Estado habrá más riqueza para la gente”, según expresó un funcionario cercano al ministro.
¿Qué organismos están bajo la lupa?
La estrategia se concentra en reducir la planta permanente de instituciones claves. Los organismos señalados son el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), la Aduana, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). A esta lista se suma la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
El mecanismo elegido para este nuevo embate son los retiros voluntarios, una herramienta que desde el Gobierno consideran “muy útil y efectiva”. La orden para implementarlos se dio a partir del 27 de febrero.
Los detalles de la oferta para los trabajadores
En el caso del INTA, la resolución establece condiciones específicas. Pueden acceder al retiro los agentes permanentes con al menos tres años de antigüedad y menores de 65 años al 31 de marzo de 2026. La indemnización se calcula “a razón de 1,5 haberes brutos por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses”.
Julieta Boedo, delegada de ATE-INTA, confirmó la magnitud de la expectativa gubernamental: “La cifra que esperan que acepte el retiro voluntario está por encima de mil trabajadores”. Boedo advirtió sobre las consecuencias: “El INTA minúsculo que pretende el gobierno no podrá llegar más a cada productor de cada rincón del país. Sin trabajadores no hay desarrollo de la ciencia y sin ciencia no hay soberanía”.
La otra pata: el congelamiento de fondos
Paralelamente a los retiros, avanza una política de desfinanciamiento. Un ejemplo claro es la Dirección Nacional de Vialidad, donde los salarios están congelados desde octubre de 2024. Pese a una orden judicial que mandata a diagramar una mesa de diálogo, no hay negociación paritaria a la vista.
Graciela Aleña, jefa del gremio vial, denunció la estrategia oficial: “Pretenden seguir dilatando la paritaria mientras avanza con el ajuste y los retiros voluntarios”. Aleña fue contundente al calificar la medida como un intento de “someter a los trabajadores viales a estar por debajo de la línea de pobreza” con el solo objetivo de hacer “un proceso de reestructuración más barato”.
Esta ofensiva se enmarca en un intento del Gobierno por retomar una agenda de reforma del Estado que el año pasado encontró límites en el Congreso y la Justicia, con la derogación de decretos como el 462/2025. Ahora, con la herramienta de los retiros voluntarios y el estrangulamiento presupuestario, buscan sortear esos obstáculos.
