El Gobierno apunta a un “borrón y cuenta nueva”: el proyecto que busca eliminar 70 leyes de un plumazo

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que propone la derogación de 70 normas consideradas obsoletas. La iniciativa, conocida como “Ley Hojarasca”, busca una depuración radical del sistema normativo argentino para reducir costos y complejidad. El objetivo es terminar con lo que califican como una “sobreabundancia normativa” que genera incertidumbre y entorpece la gestión.

Según los fundamentos del proyecto, la acumulación de leyes a lo largo del tiempo ha creado un sistema jurídico complejo, contradictorio y de difícil aplicación. Esta situación, sostienen, no es inocua, ya que genera incertidumbre jurídica y aumenta significativamente los costos de cumplimiento tanto para los ciudadanos como para las empresas.

La propuesta apunta a realizar una revisión integral que permita eliminar aquellas disposiciones que han perdido vigencia práctica o han sido superadas por normativa posterior. El texto advierte que la existencia de estas normas en desuso dificulta la toma de decisiones y genera marcos regulatorios confusos.

¿Una estrategia de desregulación?

El proyecto se inscribe claramente en la estrategia de desregulación del Gobierno nacional. Según sus fundamentos, el objetivo final es promover un marco normativo más claro, accesible y eficiente, reduciendo la intervención estatal en ámbitos donde se la considera innecesaria.

La iniciativa es impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ya había sido presentada en 2024, aunque en esa oportunidad no logró ser sancionada por el Congreso. Ahora, el Ejecutivo busca reactivar el debate parlamentario.

Se remarca que la medida busca ordenar el sistema legal bajo criterios de racionalidad. La proliferación de normas sin una adecuada depuración, argumentan, atenta directamente contra la seguridad jurídica, uno de los ejes centrales de la política económica oficial.

Impacto en el Estado y la economía

El texto pone un fuerte énfasis en el impacto negativo que la acumulación normativa tiene sobre el funcionamiento del Estado. Señala que “la dispersión y superposición de normas dificulta la gestión pública”, lo que deriva en ineficiencias operativas y mayores costos administrativos.

Para el sector privado, el exceso de regulación es presentado como “una barrera para el desarrollo de la actividad económica”. Obliga a ciudadanos y empresas a navegar un entramado normativo complejo y, en muchos casos, innecesario, según la visión oficial.

El documento también advierte sobre un problema de contexto: existen normas que “responden a contextos históricos, económicos y sociales que ya no existen”. Esta falta de actualización genera distorsiones y refuerza la necesidad de una revisión integral del marco legal.

Un sistema más claro para los ciudadanos

La iniciativa subraya la importancia de avanzar hacia un sistema más accesible para la ciudadanía. Plantea que “el conocimiento y comprensión de la ley por parte de los ciudadanos se ve afectado por la proliferación normativa”, un factor que atenta contra el principio de transparencia.

Finalmente, el proyecto destaca que el objetivo “no es solo eliminar normas, sino establecer un criterio a futuro”. La depuración propuesta apunta a sentar las bases de un ordenamiento jurídico más racional y dinámico, que evite volver a caer en la acumulación desordenada de leyes.

Según la visión oficial, un ordenamiento jurídico claro y coherente resulta esencial no solo para el desarrollo de las actividades económicas, sino también para el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos. El debate ahora pasa al recinto del Congreso.