El Gobierno apunta a una gremialista por el video de Adorni: la trama interna que explota en el oficialismo

Una empleada de la ANAC y delegada gremial fue identificada por el Gobierno nacional como la autora del video que muestra a Manuel Adorni en el aeropuerto de San Fernando. La investigación judicial, sin embargo, avanza por otro carril y ya tiene en su poder facturas que contradicen las declaraciones del vocero presidencial, mientras se abre un nuevo frente por una propiedad no declarada.

Según fuentes oficiales consultadas por Clarín, la persona que capturó las imágenes es Victoria Correa, una empleada permanente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que también se desempeña como delegada en la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). Desde Balcarce 50 la vinculan directamente con la militancia en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), integrante del Frente de Izquierda.

¿Una maniobra de distracción?

Consultado al respecto, el diputado nacional Nicolás del Caño afirmó no conocer personalmente a la trabajadora, pero se solidarizó con ella. Calificó de “nefasto” que el oficialismo apunte contra una empleada y consideró que se trata de una maniobra para desviar la atención de los escándalos que involucran al jefe de Gabinete y al presidente Javier Milei con el caso $LIBRA. “Es Adorni quien debe dar las explicaciones pertinentes”, remarcó el legislador.

La identificación de la presunta autora del video busca también desactivar versiones sobre una fractura interna dentro del Gobierno. En un principio, las sospechas habían recaído sobre el asesor Santiago Caputo, quien mantiene un enfrentamiento abierto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El propio Manuel Adorni había sugerido que la filtración provenía de alguien con acceso privilegiado, afirmando que “el video es de puertas adentro, de alguien que estaba del vidrio para adentro”. El jefe de Gabinete denunció que el material fue guardado durante un mes para ser difundido en el “momento justo”, coincidiendo con la polémica por el uso del avión presidencial por parte de su esposa.

La Justicia avanza con facturas y nuevas pistas

Mientras el Gobierno despliega su contraofensiva política, el frente judicial se complica para el vocero. El juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las empresas que intervinieron en la logística del viaje a Punta del Este.

La investigación ya cuenta con documentación clave: una factura remitida al juzgado detalla que el pago por el tramo de ida a Uruguay fue de 4.830 dólares. Este monto supera los 3.800 dólares que Adorni había declarado originalmente, abriendo un nuevo interrogante sobre los costos reales del viaje.

Además, el juzgado solicitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) la totalidad de los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando correspondientes al 12 de febrero, fecha del polémico vuelo. La causa también incorporó datos sobre una cuenta en el extranjero y una nueva factura que complican el panorama patrimonial del funcionario.

Una nueva denuncia por una casa en un country

Como si los problemas con el viaje no fueran suficientes, se abrió un nuevo frente legal. La diputada Marcela Pagano denunció a Adorni por no haber incluido en su declaración jurada una vivienda ubicada en un country de Exaltación de la Cruz.

Según la acusación, las expensas de dicha propiedad figuran a nombre de su esposa. Esta omisión añade una nueva capa de sospechas sobre los bienes no declarados del entorno más cercano al jefe de Gabinete, en un caso que no deja de sumar complicaciones para el oficialismo.