El Gobierno apura una polémica modificación ambiental que podría cambiar todo

El oficialismo busca aprobar antes del viernes una reforma a la Ley de Glaciares que ha generado un fuerte rechazo de ambientalistas y que redefine qué zonas quedarán protegidas.

Este martes a las 14.00, en la Cámara de Diputados, se convocó a una reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y de Asuntos Constitucionales. El objetivo es dictaminar el proyecto de reforma y preparar el escenario para su sanción en la sesión programada para el miércoles 8.

Desde el bloque libertario confían en conseguir los votos necesarios para la aprobación de la norma. El proyecto ya cuenta con aval del Senado, pero ha sido duramente criticado por diversas agrupaciones ambientalistas que se oponen a los cambios propuestos.

¿Qué cambia exactamente la reforma?

El tratamiento legislativo llega después de las audiencias públicas realizadas durante marzo en el Congreso. En esas jornadas expusieron alrededor de 200 oradores de forma presencial y otros 200 de manera virtual, sobre un total cercano a 100.000 inscriptos. La masiva participación generó duras críticas hacia el Gobierno por el manejo del proceso.

La reforma introduce modificaciones sustanciales en la delimitación de las zonas protegidas por la legislación vigente. En particular, plantea diferenciar el área periglaciar de aquellas geoformas periglaciales que cumplen funciones de reserva estratégica de agua.

Según el texto del proyecto, solo quedarían bajo protección las formaciones que demuestren relevancia hídrica comprobable. Este cambio en los criterios de protección es uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa.

¿Por qué genera tanta polémica?

Las agrupaciones ambientalistas argumentan que la modificación debilita significativamente la protección de los glaciares y su entorno. Consideran que los nuevos criterios podrían dejar desprotegidas áreas sensibles que son vitales para la conservación del agua y los ecosistemas.

El Gobierno, por su parte, defiende la necesidad de actualizar la legislación para permitir ciertas actividades económicas en zonas que, según su visión, no cumplen funciones ambientales críticas. La discusión pone en evidencia el eterno conflicto entre desarrollo económico y conservación ambiental.

Con la sesión del miércoles 8 ya programada, el oficialismo apura los tiempos legislativos para lograr la aprobación definitiva. Los ambientalistas, mientras tanto, prometen continuar con sus protestas y acciones legales para intentar frenar lo que consideran un retroceso en materia de protección ambiental.