El gobierno confirmó que los 250 millones de Vicuña no se devuelven: ¿qué implica para San Juan?

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, confirmó que el aporte de 250 millones de dólares del proyecto Vicuña es un ingreso no reembolsable para la provincia. El anuncio, realizado tras la firma del acuerdo con la minera, marca un hito en la gestión de Marcelo Orrego.

El acuerdo, firmado este miércoles al mediodía, establece un desembolso único que no deberá ser devuelto. Perea destacó que el monto se destinará a obras de infraestructura clave para la provincia.

¿Cómo se ejecutarán los fondos?

Según explicó el funcionario, los fondos estarán disponibles a partir de diciembre de este año y se canalizarán a través de un nuevo fideicomiso minero, independiente de los siete existentes. El dinero se usará exclusivamente para obras viales, hídricas y de saneamiento en las zonas de influencia del proyecto.

El mecanismo de desembolso operará contra certificados de obra, garantizando transparencia y trazabilidad en el uso de los recursos.

¿Qué cambia con la regalía?

El acuerdo también resuelve la controversia de 2022 sobre la Declaración de Impacto Ambiental y los fideicomisos. Se fijó una regalía del 3% sobre las ventas y un 1,5% adicional para fideicomisos, asegurando estabilidad durante toda la vida útil de la mina.

Perea subrayó que estas medidas son "buenas noticias para todos los sanjuaninos" y refuerzan la confianza de los inversores internacionales en la provincia.

El camino legislativo

El acuerdo deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados con mayoría simple. Una vez superada esa instancia, los fondos comenzarán a fluir.

El ministro también aclaró que la firma estaba prevista en Nueva York, pero se realizó en San Juan por los trágicos acontecimientos que afectaron la agenda del gobernador.

"Este tipo de entendimientos ratifican la seriedad institucional de la provincia", enfatizó Perea, al tiempo que destacó que San Juan se consolida como un modelo en seguridad jurídica para la minería.

Los proveedores locales y la comunidad pueden esperar un impacto positivo en la economía, sin resignar los controles estatales.