El Gobierno contra las cuerdas: apeló el fallo que frenó los comedores y habló de injerencia

La Fiscalía de Estado salió a defender su terreno y apeló la decisión del juez Juan Francisco Malvasio, que suspendió el nuevo sistema de entrega de alimentos en los comedores escolares. El escrito, firmado por Julio Rodríguez Signes, no solo cuestiona la medida cautelar sino que la califica como una intromisión en las potestades del Ejecutivo.

El conflicto estalló cuando el magistrado hizo lugar al amparo colectivo impulsado por padres, la Agmer y la Fundación Cauce. Ese fallo ordenó al Gobierno abstenerse de distribuir productos con sellos de advertencia, mientras dure el proceso. La empresa Teknofood SA, adjudicataria de la licitación, quedó en el centro de la polémica.

¿Qué argumenta la Fiscalía?

En la presentación, el fiscal de Estado sostiene que la resolución judicial "importa una injerencia judicial en el ejercicio de potestades administrativas que no se encuentran controvertidas en estos actuados". Es decir, el Ejecutivo considera que no hay debate sobre la legalidad del procedimiento de licitación y que el juez se excedió en sus funciones.

Además, el escrito remarca que "no existe cuestionamiento alguno respecto de la regularidad, validez o legalidad del procedimiento seguido", por lo que la decisión "excede el marco de conocimiento de la causa" y termina restringiendo atribuciones propias de la Administración. Por eso, pidieron la revisión de la medida.

El fallo que complica al Gobierno

La cautelar, que frenó el nuevo mecanismo de provisión de insumos para desayunos y meriendas, fue dictada en el marco del amparo presentado por un grupo de padres de chicos que asisten a comedores escolares, la Agmer y la ONG ambientalista. El juez Malvasio fue contundente: ordenó que, hasta que haya sentencia definitiva, no se ofrezcan productos con sellos de advertencia según la Ley 27.642.

Pero el magistrado también aclaró que su decisión no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto. "La ponderación conjunta del principio precautorio, el interés superior del niño, la tutela judicial efectiva y la protección reforzada del derecho a la salud permiten concluir que la demora propia del proceso podría frustrar la eficacia de la decisión final", explicó.

Mientras tanto, los comedores escolares deberán seguir funcionando con la modalidad anterior, y el Gobierno deberá garantizar la provisión de alimentos sin sellos. La pulseada judicial recién comienza.