El gobierno de Javier Milei prohíbe el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada

El gobierno de Javier Milei prohíbe el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, en medio de una escalada de agresiones y una denuncia penal por espionaje contra dos cronistas de TN.

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El gobierno de Javier Milei prohíbe el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada

El gobierno de Javier Milei prohibió desde hoy el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, en medio de una escalada de agresiones verbales contra los medios de comunicación. La medida, sin precedentes en democracia, afecta a todos los cronistas que trabajan diariamente en Balcarce 50.

Según fuentes oficiales, la prohibición responde a dos motivos: la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa —que ya restringió el ingreso de periodistas de siete medios por más de dos semanas— y la denuncia penal contra dos periodistas de Todo Noticias (TN) por presunto espionaje ilegal, tras conocerse filmaciones de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, esgrimieron fuentes oficiales, que supeditaron la continuidad de los permisos hasta que avance la causa judicial contra los periodistas de TN.

“Se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025, y hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”, abundaron las mismas fuentes, aunque aún no se emitió un comunicado oficial.

La medida tiene pocos antecedentes. La sala de periodistas de la Casa Rosada se mantuvo abierta durante períodos democráticos y aún durante gobiernos de facto.

Ayer, el Gobierno, a través de la Casa Militar —el órgano mixto encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia de Olivos—, denunció penalmente a dos periodistas de TN. Fue luego de que se difundiera una filmación hecha en el interior de la sede de gobierno. Para las autoridades, podría haber delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones de seguridad nacional.

La Casa Militar depende de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, pero desde la sede de gobierno apuntaron a que la decisión de presentar la denuncia fue directamente de los responsables del área, encabezada por el general de Brigada Sebastián Ibáñez.

El presidente Javier Milei, de viaje en Israel cuando se publicó el material, se hizo eco a través de las redes: “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”, escribió este miércoles en su cuenta de X.

La denuncia se realizó tras la emisión del programa “Y mañana qué”, conducido por Luciana Geuna, el domingo último, en el que se mostraron áreas de uso común del palacio de gobierno. La presentación recayó por sorteo en el juzgado federal N°4 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo. La denuncia fue hecha por Ibáñez y consta de nueve páginas.

Además de Geuna, la acusación alcanzó a Ignacio Salerno, periodista acreditado por TN en la Casa Rosada, a quien se le suspendió la acreditación al menos momentáneamente.

En la denuncia se asegura que se “procura poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno”. Y se alude a que, “bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial, lo cual expuso a los funcionarios a riesgos injustificados y, probablemente, generó las condiciones para revelar secretos de Estado relacionados con la rutina del señor Presidente y el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.

Para las autoridades de Casa Militar, “la intromisión, exhibida de forma temeraria en televisión y redes sociales, se apartó groseramente de la reglamentación aplicable”, tras lo que citaron la Resolución 1319 del año pasado de la Secretaría de Comunicación y Medios, y que también se apartó “de los estándares de buena práctica profesional correspondientes a la labor de los cronistas acreditados en la Casa Rosada”.

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