El gobierno de Kicillof desafía a Nación y se expone a sanciones por el paro docente

En plena huelga nacional de maestros, la administración bonaerense decidió plantar cara al Gobierno nacional y ahora podría enfrentar duras consecuencias. La negativa a colaborar con los inspectores de la Secretaría de Trabajo encendió las alarmas en la Casa Rosada.

¿Qué hizo la provincia de Buenos Aires?

El Ministerio de Trabajo bonaerense envió un comunicado a las autoridades educativas provinciales en el que instruye a no brindar información alguna a los agentes nacionales. La medida responde a una presentación formal ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, conducida por Julio Cordero, para que se abstenga de requerir datos a las escuelas.

Según la gestión de Axel Kicillof, el artículo 6 de la Constitución Nacional impide que un organismo administrativo nacional ejerza funciones de fiscalización sobre materias reservadas a las provincias sin el correspondiente proceso político-parlamentario. Por eso, califican la iniciativa del Ejecutivo como un “avance ilegítimo sobre la autonomía local”.

El comunicado es contundente: “Las dependencias a su cargo y las autoridades de los establecimientos educativos deberán, ante cualquier requerimiento de informes de origen nacional, limitarse a señalar la falta de competencia de la Secretaría Nacional”. Además, se ordena a los equipos de conducción abstenerse de “realizar cualquier tipo de declaración y suministrar información a agentes de extraña jurisdicción”.

¿Cuál es la postura de Nación?

En el Gobierno nacional ya anticiparon que la obstrucción a la fiscalización podría derivar en sanciones. Fuentes oficiales confirmaron que la negativa a brindar información habilitaría una denuncia por obstrucción a la autoridad contra los responsables de los establecimientos.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, ratificó el lunes en Radio La Red: “Uno espera que la autoridad de la escuela efectivamente brinde la información. Esto es como cualquier inspección laboral, si a uno no lo dejan pasar o no le brindan la información es obstrucción de la autoridad y se le abre un acta”.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano convocó el domingo al Consejo Federal de Educación para garantizar el 75% de actividad en las escuelas, tal como establece la nueva Ley de Modernización Laboral que declaró a la educación como servicio esencial. La Secretaría de Trabajo instruyó a sus inspectores en las 43 agencias territoriales del país para realizar un muestreo y verificar el cumplimiento.

“Si no se cumple, se inicia un proceso concreto y específico para aplicar todas las sanciones que correspondan”, remarcó Cordero. Como antecedente, mencionó la reciente multa al gremio de La Fraternidad por más de $21 mil millones por adherir al paro de la CGT en conciliación obligatoria.

Desde Nación aclararon que las sanciones no alcanzarán a los docentes que adhirieron a la medida de fuerza, sino a los sindicatos convocantes. En caso de incumplimientos reiterados, la normativa prevé la posibilidad de retirarles la personería gremial.