El gobierno de Mendoza definió cómo liquidarán la antigüedad a empleados que fueron contratados
¿Sabías que los estatales contratados pueden sumar antigüedad si reclamaron antes de la reforma? El Gobierno de Mendoza definió cómo liquidar el adicional y quiénes quedan afuera.
Un decreto oficial resolvió un reclamo clave y sienta precedente para cientos de estatales que trabajaron como contratados antes de pasar a planta permanente. La medida, firmada por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Hacienda Víctor Fayad, fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
¿Qué establece el decreto 1438?
La norma instruye a Recursos Humanos a liquidar las diferencias salariales por el adicional de antigüedad a una arquitecta que reclamó que se le computara el tiempo trabajado como contratada. El pago abarca desde el 27 de febrero de 2025, fecha en que presentó el reclamo administrativo, hasta septiembre de ese mismo año, antes de la entrada en vigencia de la Ley 9665 que reformó el Estatuto del Empleado Público.
El reconocimiento es parcial: solo se le otorga el derecho porque su solicitud fue anterior al cambio normativo. La reforma dejó claro que, en adelante, solo se computarán servicios prestados bajo regímenes de carrera o en relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo contratos de locación de obra o servicios.
El fallo “Britos” como base
La resolución adopta la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el fallo plenario “Britos”. Según esa interpretación, el derecho al adicional por antigüedad no nace automáticamente por haber trabajado antes para el Estado bajo otra modalidad, sino que comienza a regir cuando el trabajador presenta el reclamo administrativo con la documentación que acredita esos servicios.
En este caso, la arquitecta cumplió con ese requisito en febrero de 2025, lo que activó el beneficio. El decreto no solo resuelve su situación particular, sino que fija un criterio para casos similares que estén en la misma condición: haber reclamado antes de la reforma.
De esta manera, el gobierno mendocino cierra el gris que dejó la modificación del Estatuto del Empleado Público respecto a quienes ya habían iniciado reclamos previos a la nueva ley.
