El Gobierno de Poggi asegura que no entra un alfiler, pero un exsecretario sigue cobrando $5,7 millones

El gobernador Claudio Poggi insiste en que "no entra un alfiler más" en el Estado provincial, pero la continuidad de exfuncionarios con contratos millonarios genera ruido en la oposición y los gremios.

Uno de los casos más llamativos es el de Gabriel Rivero, exsecretario de Deportes, quien tras dejar el cargo fue recontratado por $5,7 millones bajo la órbita del Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública.

Un contrato millonario para un exfuncionario

Rivero, profesor de Educación Física, explicó que en julio fue homologado un nuevo contrato de servicios por tres meses, con un pago mensual de $1,9 millones. Según detalló, las tareas estarán vinculadas a la consultoría en Recursos Humanos.

"Se trata de un contrato de tres meses por $1,9 millones al mes por trabajos de consultoría en Recursos Humanos", subrayó Rivero. El exfuncionario aseguró que fue el propio Poggi quien lo convocó para colaborar en esa área, luego de que él decidiera alejarse de la gestión "por temas familiares y no poder sostener una agenda tan apretada".

¿Qué hay detrás de la reducción del Estado?

El caso de Rivero se conoce en medio del discurso oficial sobre la reorganización de ministerios y la reducción de cargos. Sin embargo, la existencia de contratos para exfuncionarios abre un interrogante: ¿eliminar un cargo implica eliminar el gasto?

La situación se da mientras los trabajadores estatales reclaman una recomposición salarial y denuncian la pérdida de poder adquisitivo. Los gremios aseguran que los aumentos otorgados quedaron por debajo de la inflación acumulada y exigen una mesa de negociación.

La continuidad de Ordoñez, otro caso que incomoda

El exministro Néstor Alberto Ordoñez también sigue ligado al Ejecutivo mediante un contrato de prestación de servicios. El Decreto 7932-SGG-2026, publicado en el Boletín Oficial el 7 de agosto, lo designa para la "coordinación interministerial" bajo dependencia directa de Gobernación.

La diputada provincial Sosa Araujo denunció que el decreto no especifica ni el monto ni el plazo del contrato, aunque reconoció que Hacienda calculó el costo presupuestario. "Siempre los contratos de prestación son por tres meses y el Poder Ejecutivo los va renovando", señaló la legisladora, dejando en evidencia que la permanencia de Ordoñez depende de decisiones sucesivas del gobernador.

Mientras tanto, la oposición cuestiona la coherencia del discurso de austeridad y los gremios esperan una respuesta concreta a sus reclamos salariales.