El Gobierno de San Juan va por las empresas de colectivos: "No avisaron nada"

El Gobierno de San Juan confirmó que aplicará multas a las empresas de transporte por la paralización del servicio de colectivos y responsabilizó a la UTA por no haber notificado formalmente la medida de fuerza. El secretario de Transporte, Marcelo Molina, aseguró que la prestación debe restituirse cuanto antes y advirtió que la interrupción del servicio dejó a miles de usuarios sin poder movilizarse.

El funcionario calificó el paro como "intempestivo" y remarcó que el gremio no presentó comunicación oficial ni ante la Secretaría de Transporte ni ante la Subsecretaría de Trabajo. Según su versión, la UTA reclama una diferencia salarial vinculada a un acuerdo homologado a nivel nacional, pero ese planteo no habilitaría por sí solo a cortar el servicio sin cumplir los procedimientos legales.

"El gremio está en el incumplimiento completo de la ley", disparó Molina, quien sostuvo que la medida afecta directamente a los usuarios del transporte público y que cualquier reclamo debe canalizarse sin perjudicar a terceros.

El contexto que mencionó el funcionario

Molina también apuntó al proceso electoral interno que atraviesa la UTA y lo ubicó como parte del escenario en el que se decidió avanzar con la protesta. Además, recordó que el día anterior circuló un comunicado con advertencias sobre posibles acciones sorpresivas, aunque sin horarios precisos ni notificación formal a las autoridades.

Las multas y la responsabilidad de las empresas

El secretario de Transporte explicó que la relación directa del organismo es con las empresas concesionarias y no con el sindicato, por lo que las eventuales sanciones recaen sobre las prestatarias del servicio. En ese marco, confirmó que corresponde una multa por la no prestación del servicio, aunque aclaró que el monto dependerá de los parámetros que se evalúen en cada caso.

Molina también anticipó que se analizará si hubo choferes que se presentaron a trabajar y no pudieron sacar las unidades. Si se comprueba esa situación, la evaluación administrativa podría cambiar y la responsabilidad de las empresas quedaría en otro plano.

Qué puede pasar ahora

El funcionario indicó que la Subsecretaría de Trabajo deberá intervenir dentro de sus competencias y evaluar herramientas como la conciliación obligatoria para intentar destrabar el conflicto. Mientras tanto, el Gobierno mantiene abierto el diálogo con las empresas y exige que el servicio se restituya a la brevedad.

Molina fue tajante: si no existió comunicación formal, la medida "es totalmente ilegal" y quienes la dispusieron deberán afrontar las consecuencias previstas por la normativa vigente.