El Gobierno de Tucumán lanza un proyecto que busca revolucionar la inclusión educativa
El Gobierno de Tucumán presentó un proyecto que cambiaría por completo cómo se aborda la inclusión de estudiantes con discapacidad. ¿Qué pasará con el actual sistema y qué propone esta nueva ley para liberar a las familias de trámites y costos?
El Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley que pretende cambiar de raíz el sistema de apoyo a estudiantes con discapacidad. La iniciativa, la primera del año 2026, apunta a que las escuelas tengan sus propios docentes de inclusión, liberando a las familias de la carga económica y administrativa que hoy enfrentan.
Firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y la ministra de Educación, Susana Montaldo, el proyecto propone crear un nuevo marco normativo para la educación inclusiva. Su objetivo central es garantizar el acceso a una educación de calidad para niños, niñas y adolescentes con discapacidad a través de un enfoque integral.
¿Qué cambia con la nueva ley?
La propuesta plantea dos cambios fundamentales. Por un lado, incorporar a los docentes de apoyo a la inclusión como parte estable del plantel de las escuelas de educación obligatoria. Por otro, dejar sin efecto la actual Ley 9.575, que rige el servicio actual.
El modelo vigente, basado en la demanda individual de un docente de apoyo por alumno, es cuestionado en los fundamentos del proyecto. Se advierte que puede derivar en una mirada excesivamente médica de las trayectorias educativas, patologizando las infancias y adolescencias.
El documento recoge aportes de especialistas como Gisela Untoiglich y Graciela Szyber, quienes en su libro “Las promesas incumplidas de la inclusión” analizan cómo las familias, ante la falta de respuestas, terminan asumiendo individualmente la búsqueda de soluciones.
Un nuevo rol para el docente de apoyo
El proyecto reconoce el valor del docente de apoyo, pero critica la figura del “docente sombra” que acompaña de manera permanente. Según la iniciativa, este acompañamiento constante podría limitar el desarrollo de la autonomía del estudiante.
Por ello, se propone que el apoyo sea una estrategia temporal, regulada según las necesidades reales de cada alumno. El profesional, integrado a la escuela, trabajaría de manera coordinada con el equipo técnico y los docentes de grado para fortalecer habilidades sociales y académicas.
El trabajo articulado entre todos los actores busca favorecer el acceso al conocimiento y promover la autonomía de los estudiantes para su futuro desenvolvimiento social y laboral.
Uno de los pilares del nuevo esquema es la gratuidad y automaticidad del servicio. De aprobarse, el sistema educativo provincial asumirá directamente la responsabilidad de brindar el acompañamiento, sin que las familias deban iniciar trámites administrativos, contratar profesionales o incurrir en gastos particulares.
El envío del proyecto a la Legislatura se produjo apenas dos días después del inicio del período de sesiones ordinarias, marcando una clara prioridad en la agenda educativa del gobierno para el año 2026.