El Gobierno de Vidal sale al cruce por la Península de Magallanes: "Acá no hay nada oculto"

La polémica por el proyecto turístico en la Península de Magallanes sumará un nuevo capítulo esta semana. El Ejecutivo provincial de Santa Cruz prepara la documentación para que los diputados revisen el expediente completo, luego del pedido de informes que la Cámara aprobó por unanimidad. La oposición kirchnerista cuestiona la excepción que habilitó la operación inmobiliaria, pero desde el Consejo Agrario Provincial (CAP) redoblan la apuesta: "Acá no hay nada oculto, hicimos todo bajo la normativa vigente", afirmó su presidente, Hugo Garay, a radio LU12 AM680 de Río Gallegos.

La respuesta oficial: una cronología que arranca lejos de Vidal

El Gobierno de Claudio Vidal busca desarmar la acusación con una reconstrucción histórica del proyecto. Según la información aportada por el CAP, las tierras involucradas están en manos privadas desde hace más de seis décadas y los títulos se transfirieron en la década de 1960. La Provincia diferencia así entre la propiedad privada de los inmuebles y su competencia sobre el área protegida: aunque los dueños sean privados, cualquier emprendimiento dentro de la reserva queda sujeto a restricciones ambientales y autorizaciones de los organismos competentes.

El primer hito de esa línea de tiempo es de 1993: la Ley Provincial 2316, sancionada el 10 de junio de ese año, creó la Reserva Provincial Península de Magallanes. Con los años, distintas normas ampliaron el régimen de protección hasta conformar el actual esquema de Área Natural Protegida. Durante mucho tiempo, la falta de un Plan de Manejo Definitivo generó conflictos entre la conservación y los derechos de los propietarios, una discusión que también llegó a la Justicia.

El fallo de la Corte y el decreto de Alicia Kirchner

En noviembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en la causa "Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y daños y perjuicios". El fallo analizó las restricciones que durante años habían limitado el uso y desarrollo de propiedades privadas dentro del área protegida. Para el Ejecutivo, ese antecedente demuestra que el conflicto por las tierras y la falta de planificación precede largamente a la actual gestión.

El punto que el Gobierno considera central es el Decreto 303/22, firmado el 16 de marzo de 2022 por la entonces gobernadora Alicia Kirchner. Esa norma aprobó formalmente el Plan de Gestión del Área Natural Protegida Península de Magallanes y estableció que las concesiones, habilitaciones y permisos quedarían supeditados a la autoridad de aplicación. El documento fue elaborado por un equipo interinstitucional e interdisciplinario del que participaron el CAP, la Dirección de Áreas Protegidas, Ambiente y Turismo, entre otros organismos. "Estamos cuidando los recursos porque nos apegamos al plan de manejo que aprobó la gestión pasada", sostuvo Garay.

En 2017, en tanto, Santa Cruz había dictado el Decreto Provincial 994/17, que fijó límites y restricciones para operaciones vinculadas con propietarios extranjeros y condiciones especiales para inmuebles dentro de áreas naturales protegidas. Esa es la norma que obligó al Gobierno actual a dictar una excepción específica para la operación de 2026.

Un expediente que ya estaba abierto en 2023

La segunda línea argumental del Ejecutivo apunta al trámite del proyecto. El Decreto 915/2026 identifica el expediente como CAP N.º 495.894/23: la propia norma que formalizó la excepción remite a un expediente cuyo número corresponde a 2023. Allí comenzó a tramitarse el "Master Plan Ecocentro", presentado originalmente por Lacustre del Sud. "El primer proyecto que nos presentaron era muy ambicioso y no se adecuaba al plan de manejo, entonces planteamos que se hiciera otro", explicó Garay. Según el CAP, el organismo no autorizó el diseño inicial, sino que exigió modificaciones que derivaron en una propuesta de menor escala.

El proyecto actual se concentra en un predio privado de unas 20 hectáreas, de las cuales la infraestructura ocuparía aproximadamente cuatro. Contempla 24 cabañas, con un máximo de 60 camas, espacios comunes y senderos peatonales. La superficie total del área protegida, en comparación, ronda las 38.900 hectáreas, según estimó el Gobierno. Garay también indicó que el sector donde se proyecta la construcción no tiene acceso directo a espejos ni cursos de agua.

El estudio de impacto ambiental fue presentado en 2023, según el funcionario, y luego siguió el circuito administrativo ante los organismos competentes. El Decreto 915/26 reconoce que el proyecto ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental aprobada, pero aclara que su habilitación, ejecución y funcionamiento quedan sujetos a la normativa ambiental, territorial y de conservación vigente, incluidas las leyes provinciales 3466 y 2658.

Qué hizo la gestión de Vidal

El 1 de septiembre de 2026, Claudio Vidal firmó el Decreto 915/26, que exceptuó "por única vez y con carácter estrictamente excepcional" la restricción del artículo 2° del Decreto 994/17. Así se habilitó la transferencia del inmueble de Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate SAU, vinculada al "Master Plan Ecocentro". El propio texto aclara que la excepción se limita a esa operación y ese proyecto, y que no podrá usarse como precedente para futuras solicitudes similares. La norma no modifica el Área Natural Protegida ni elimina su régimen de protección.

Frente al pedido de informes de la Cámara de Diputados, el CAP prepara la documentación técnica, administrativa y ambiental para remitirla a la Legislatura. Garay insiste en que la discusión debe mirar el expediente completo y no solo el decreto que formalizó la excepción.