El Gobierno decidió no apelar el fallo por los comedores escolares: ¿qué significa para Teknofood?

El Ejecutivo provincial resolvió no apelar la sentencia que ordena no distribuir alimentos con octógonos en los comedores escolares, aunque insiste en que la decisión administrativa de centralizar las compras sigue en pie. La medida, que fue dictada por el juez Juan Francisco Malvasio, pone el foco en la Ley de Etiquetado Frontal.

El amparo colectivo, presentado por un grupo de padres, Agmer y la Fundación Cauce, había reclamado que se prohíba ofrecer en las escuelas productos con sellos de advertencia. Ahora, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, anticipó que no habrá apelación.

¿Qué resolvió el juez?

En un fallo de 65 páginas, Malvasio hizo lugar al amparo y ordenó al Gobierno que se abstenga de entregar alimentos no perecederos que contengan uno o más sellos de advertencia, tal como establece el artículo 12 de la Ley N° 27.642. Sin embargo, el magistrado no inhabilitó la licitación ni la adjudicación del sistema centralizado a Teknofood SA.

La empresa, que se encarga de proveer insumos para desayunos y meriendas, asegura que sus productos no llevan octógonos porque están exceptuados del rotulado frontal al no comercializarse al público. Guillermo Kemps, director de la firma, afirmó que los productos ofertados cumplen y hasta superan las exigencias nutricionales del pliego.

¿Por qué el Gobierno no apela?

Rodríguez Signes explicó que la sentencia no cuestiona la contratación, sino que se limita a exigir el cumplimiento de la ley de etiquetado. En diálogo con Radio Plaza 94.7, señaló que la administración tiene la potestad de definir la política alimentaria, pero que debe hacerlo respetando la normativa vigente.

El fiscal también se refirió a la medida cautelar que estaba apelada ante el Superior Tribunal de Justicia: “Una vez que se dicta sentencia, la cautelar deviene abstracta”. Además, aseguró que el contrato con Teknofood no está en discusión y que puede adaptarse para reemplazar los productos que no cumplan con la ley.

El fallo genera un escenario de incertidumbre sobre cómo se garantizará la provisión de alimentos en las escuelas, pero el Gobierno confía en que se puede cumplir con la ley sin interrumpir el servicio.