El Gobierno define si sanciona a CTERA tras el paro docente: qué dice el informe que evalúa Trabajo

Mientras el Gobierno nacional termina de analizar los datos de la huelga docente del lunes, la Secretaría de Trabajo evalúa los informes provinciales para decidir si abre un sumario contra CTERA. La posible sanción depende de si la medida de fuerza incumplió el servicio mínimo del 75% que fija la ley. En la Casa Rosada admiten que “no se definió nada”, pero no descartan avanzar contra el gremio.

¿Qué establece la ley sobre el servicio mínimo?

La base jurídica de la fiscalización es el artículo 101 de la Ley 27.802, que declaró a la educación obligatoria y al cuidado de menores como servicios esenciales. Durante un paro, la cobertura no puede ser inferior al 75% de la prestación habitual, aunque la norma no precisa si se mide por escuelas abiertas, cursos con clases, horas dictadas o personal disponible.

El régimen también exige que el gremio notifique la medida con cinco días de anticipación y que las partes acuerden ante la autoridad laboral la cantidad de trabajadores, horarios y funciones para garantizar las prestaciones mínimas. Si no hay acuerdo, Trabajo puede fijar esas condiciones con la Comisión de Garantías.

¿Qué pasó en las provincias durante el paro?

Según fuentes de Balcarce 50, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Santa Fe habrían superado el piso del 75%, mientras que Entre Ríos, Chubut y San Juan registraron baja adhesión. El conflicto más fuerte se dio en la provincia de Buenos Aires, donde Nación denunció obstáculos para acceder a los datos y realizar controles.

La fiscalización fue coordinada por la cartera de Sandra Pettovello y consistió en una inspección muestral de establecimientos. Los agentes verificaron el funcionamiento de las escuelas, pidieron información a las autoridades y remitieron las actuaciones a la administración central de Trabajo.

¿Qué sanción podría aplicar el Gobierno?

En Nación sostienen que la primera consecuencia sería una multa, similar a la que se aplica cuando un sindicato incumple una conciliación obligatoria. El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212, pero el monto dependerá de la infracción que se atribuya y de la resolución del expediente.

La Casa Rosada aclaró que una sanción no puede derivarse solo del nivel general de adhesión. La administración deberá identificar qué obligación se incumplió, determinar la responsabilidad de CTERA, incorporar las pruebas de los inspectores y garantizarle al gremio el derecho a presentar un descargo.

Además, el Ejecutivo descarta que una eventual penalidad alcance directamente a los docentes que adhirieron a la huelga. La actuación administrativa estaría dirigida contra las entidades responsables de garantizar el servicio mínimo. Una suspensión o cancelación de la personería sería una instancia excepcional que requiere intervención judicial.

¿Quién tiene competencia para fiscalizar?

El reparto de competencias será un punto central en una eventual disputa. Las provincias y la Ciudad son las empleadoras de los maestros y ejercen el poder de policía sobre sus establecimientos, mientras que la Secretaría de Trabajo sostiene que puede intervenir en una protesta nacional convocada por una confederación con representación en todo el país.

La administración bonaerense rechazó el operativo y argumentó que un organismo nacional no puede fiscalizar empleo público provincial. En la Casa Rosada responden que la inspección buscó verificar el cumplimiento de una norma federal sobre conflictos colectivos y no sancionar individualmente a trabajadores dependientes de las jurisdicciones.

¿Qué reclama CTERA?

CTERA aseguró que la medida tuvo un alto acatamiento y reclamó la reapertura de la negociación salarial nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y un aumento del financiamiento educativo. En el oficialismo replican que las paritarias corresponden a las provincias, aunque el Estado nacional conserva atribuciones sobre el salario mínimo y otros acuerdos federales del sector.

Capital Humano resolverá cómo continúa la actuación cuando complete el cruce de los relevamientos provinciales. El informe podrá cerrar el procedimiento sin consecuencias, dar lugar a una intimación o servir de fundamento para iniciar el sumario. Hasta que termine ese proceso, la aplicación de sanciones contra CTERA sigue siendo una posibilidad y no una decisión adoptada.