El Gobierno dejó vencer una medida clave y 120.000 puestos rurales peligran
El gremio rural reclamó con urgencia la prórroga, pero el Gobierno dejó vencer la norma y no respondió. ¿Qué pasa ahora con los trabajadores y las familias que dependen de esos planes?
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) encendió las alarmas: advirtió que 120.000 puestos de trabajo en el campo están en riesgo porque el Gobierno nacional no renovó el régimen que permitía compatibilizar el trabajo rural temporario con los planes sociales.
El gremio denunció que la administración de Javier Milei no prorrogó el Decreto 514/2021, que habilitaba esa complementariedad entre la protección social y el empleo registrado. La norma venció el pasado 1 de septiembre y, hasta ahora, no hubo respuesta oficial.
Un pedido urgente que quedó sin respuesta
Antes de que caducara el régimen, la UATRE había solicitado de manera "urgente" su extensión. El 18 de agosto, su secretario general, José Voytenco, le envió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero el sindicato aseguró que "hasta el momento, el gobierno nacional no ha respondido ni ha dispuesto su extensión".
En ese contexto, el gremio alertó que "esta situación pone en riesgo inmediato a 120.000 puestos de trabajo rural en todo el país y, con ellos, a las familias".
Qué implica la medida que dejó vencer
Gracias a ese mecanismo, los trabajadores rurales temporarios podían acceder a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente los beneficios sociales que recibían sus familias, como Asignaciones Familiares, Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo. Los empleadores, a su vez, obtenían una reducción de las contribuciones patronales.
Para la UATRE, la experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental, ya que permite formalizar el trabajo sin dejar a las familias sin red de contención.
Críticas por "negligencia"
El sindicato consideró que la discontinuidad del régimen genera el efecto contrario al buscado: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta a las economías regionales. En ese marco, denunció "la negligencia del Estado al no considerar el impacto de esta decisión sobre toda la cadena productiva".
La medida fue impulsada originalmente por la administración de Alberto Fernández en 2021, con una vigencia de dos años, y renovada en 2023 por el mismo período. En octubre de 2025, la gestión de Milei la extendió por un año, hasta septiembre de este año, aunque en esa oportunidad también demoró la decisión.
