El Gobierno demora el envío de las reformas claves: las internas que frenan el paquete en la Casa Rosada

El paquete de reformas impulsado por el Gobierno nacional enfrenta un impasse. Los proyectos, que incluyen cambios sensibles al Código Penal y a la propiedad privada, permanecen en revisión sin una fecha cerrada para su envío al Congreso, mientras crecen las dudas internas sobre la estrategia legislativa a seguir.

Fuentes oficiales confirmaron que la mesa política se reunirá la próxima semana para intentar ordenar el camino parlamentario, aunque aún no se fijó un día específico. “Todavía falta para que estén terminadas”, admiten desde la órbita del Poder Ejecutivo, en referencia a los borradores de las leyes.

¿Dónde está el cuello de botella?

La reforma del Código Penal, que inicialmente se acordó que ingresaría por el Senado, ahora ve cuestionada esa hoja de ruta. En algunos sectores del oficialismo señalan que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “quiere absorber todo”, generando ciertas quejas en la Cámara de Diputados sobre qué cuerpo debe liderar el debate inicial.

“Falta cerrar definiciones de estrategia legislativa”, agregaron las mismas fuentes, confirmando que la discusión sobre el recorrido de las iniciativas sigue completamente abierta.

En paralelo, el proyecto de reformas sobre propiedad privada, diseñado para reducir la intervención estatal y dar mayores garantías a los inversores, tampoco tiene un texto final. Este paquete, que debería ingresar por Diputados, presidida por Martín Menem, se encuentra aún en análisis de los equipos legales del Gobierno.

Los detalles del polémico paquete de propiedad privada

Las reformas en carpeta son de alto impacto. Incluyen una modificación a la ley de expropiaciones para acotar la definición de “utilidad pública” y una revisión de la ley de tierras rurales para flexibilizar las restricciones a la compra por parte de extranjeros.

El texto también contempla cambios en el régimen de manejo del fuego, que habilitarían alteraciones en el uso del suelo en zonas incendiadas, y una revisión del esquema de integración socio-urbana de barrios populares, con el objetivo declarado de reducir herramientas expropiatorias.

Mientras tanto, la prioridad inmediata del oficialismo parece estar puesta en otro frente: la reforma de la Ley de Glaciares. Este expediente, que ya cuenta con media sanción del Senado, tiene convocada una audiencia pública en la Cámara de Diputados para los días 25 y 26 de marzo.

La discusión glaciar se ha convertido en el punto más sensible por combinar interés económico y impacto ambiental. Desde el Ejecutivo sostienen que buscan acelerar ese debate específico “antes de abrir varios frentes en simultáneo”, lo que explica la estrategia legislativa escalonada que están adoptando.

Lo que todavía ni siquiera está planificado

La incertidumbre se extiende a otros compromisos legislativos. En la Casa Rosada admiten que no definieron todavía en qué instancia impulsarán los cambios a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.

Tampoco existe una planificación cerrada para el tratamiento de los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos. Sobre este punto, las fuentes consultadas fueron claras: “Vamos viendo sobre la marcha”. La frase resume el estado de fluidez y ajuste constante en el que se encuentra la agenda reformista del Gobierno, lejos aún de tener un cronograma definitivo.