El Gobierno denunció a los manifestantes del Congreso: las penas que podrían enfrentar

El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra los manifestantes que protagonizaron incidentes el jueves frente al Congreso, en el marco de la protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Las acusaciones incluyen delitos que podrían llevar a penas de hasta 30 años de prisión.

La presentación fue realizada ante la Justicia Federal por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, funcionarios de la cartera que conduce Alejandra Monteoliva. El Ministerio solicitó la “inmediata investigación y posterior detención de los responsables” por los hechos ocurridos el 6 de agosto.

¿Qué delitos se imputan?

La denuncia plantea la posible comisión de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, daño agravado, atentado a la autoridad agravado y resistencia a la autoridad. Además, sostiene que todos ellos podrían quedar alcanzados por el agravante del artículo 41 quinquies del Código Penal.

La figura más severa es el artículo 226, que establece penas de entre 5 y 15 años para quienes se “alcen en armas” con el objetivo de impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales. El artículo 41 quinquies duplica el mínimo y el máximo cuando el delito busca compeler a autoridades públicas. De aplicarse ambas normas, la escala podría elevarse a entre 10 y 30 años.

La propia denuncia explica que los delitos “podrían encontrarse agravados por haber sido cometidos con la finalidad de compeler a las autoridades públicas nacionales a abstenerse de cumplir con sus cometidos funcionales y constitucionales”.

Según el texto, durante la movilización hubo manifestantes que arrojaron “piedras, escombros y otros objetos contundentes” contra las fuerzas de seguridad, además de roturas de baldosas y bancos públicos, daños a vehículos policiales y efectivos lesionados. El Ministerio sostiene que esos episodios podrían haber buscado “inhibir y/u obturar, en forma parcial o plena, la actividad legislativa”.

La presentación pidió preservar registros fílmicos, identificar a los participantes y determinar los daños ocasionados. También reclamó investigar a quienes hubieran colaborado, participado o instigado los hechos y a las eventuales organizaciones detrás.

La represión: 1500 heridos y 28 detenidos

La jornada de protesta terminó con un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso. Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), 28 personas fueron detenidas: 21 por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, y otras siete por la Policía de la Ciudad.

La represión comenzó alrededor de las 16.30, mientras el proyecto oficialista era tratado en el Senado. Efectivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería avanzaron contra los manifestantes y utilizaron gases lacrimógenos, otros agentes químicos y camiones hidrantes. La CPM calificó el operativo como una de las jornadas represivas “más violentas y extendidas en tiempo y distancia” de los últimos años.

El operativo continuó durante varias horas y se extendió por distintas calles del centro porteño. La CPM denunció que los efectivos superaron las vallas y avanzaron sobre los manifestantes, definiendo el procedimiento como un “acto de intimidación” para dispersar a los participantes.

Durante la noche, la intervención policial se trasladó a otros puntos de la ciudad. La policía motorizada avanzó mientras un camión hidrante bloqueaba una salida, dejando a personas atrapadas. La represión alcanzó incluso la avenida 9 de Julio, donde se registraron disparos de balas de goma en medio del tránsito, afectando a personas que circulaban por el lugar.

Una fotógrafa que cubría la movilización resultó herida tras recibir un golpe en la cabeza y tuvo que esperar una ambulancia en Lima y Avenida de Mayo. La protesta había sido convocada para rechazar el proyecto oficial, luego de que el Gobierno retirara el capítulo sobre la modificación de la Ley de Tierras. Además, la movilización se vio condicionada por las fuertes tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires.