El Gobierno dice querer subir salarios, pero dejó caer la negociación: qué pasará con el mínimo

El Gobierno nacional dejó trascender que busca mejorar los sueldos más bajos, pero no movió un dedo para que el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) terminara en un acuerdo. La reunión de este viernes fracasó: gremios y empresarios rechazaron mutuamente sus propuestas y la Casa Rosada quedó habilitada para fijar el aumento por decreto, a su discreción.

El Consejo del Salario es el ámbito donde se define la remuneración básica que sirve de referencia para convenios, planes sociales y otras prestaciones. Más allá del número final, lo importante son los porcentajes de actualización, porque marcan la cancha para el resto de las paritarias.

El cuerpo no se juntaba desde noviembre del año pasado, cuando también hubo desacuerdo y el Gobierno impuso un cronograma que termina en agosto con un SMVyM de $376.600 para jornada completa. Eso implicó una mejora del 12% en ocho meses, contra una inflación estimada en 32% para el período. Esa diferencia le permitió al Ministerio de Economía licuar obligaciones de seguridad social y sostener el superávit fiscal.

Qué pasó en la reunión

La dinámica del Consejo prevé una primera reunión virtual de equipos técnicos y luego el plenario. La CGT y las dos CTA participaron del primer encuentro, pero se bajaron del plenario porque la Secretaría de Trabajo se negó a que fuera presencial.

Esa discusión de forma, con acusaciones cruzadas, terminó de sepultar el debate. Ahora todo queda en manos de la Casa Rosada, que definirá el aumento por decreto. Se espera que se conozca el lunes, cuando vence el convenio actual.

El Ministerio de Capital Humano justificó la modalidad virtual para “preservar la paz social y garantizar transparencia”. Los sindicatos, en cambio, lo leen como una forma de licuar la importancia de la discusión.

En la mesa técnica, los sindicalistas pidieron un salario mínimo de $911.000 para julio y $993.000 para diciembre. Los empresarios ofrecieron una mejora de 1,8% en septiembre y ajustes de 1,7% mensuales de octubre a abril, hasta llegar a $468.000. Ahí quedó todo.

El trascendido que cambia la lectura

Horas antes de la convocatoria, desde la Secretaría de Trabajo se filtró que el Gobierno pretende que las próximas paritarias contemplen un salario mínimo de $860.000 de bolsillo, lo que equivale a un bruto cercano a $1.100.000. La idea apuntaría a sectores como gastronomía, textiles, construcción, maestranza y sanidad.

La intención oficial sería mostrar preocupación por los sueldos sin intervenir directamente, sino alentando acuerdos paritarios. Pero en las últimas negociaciones, la Secretaría de Trabajo se negó a homologar convenios con cláusulas de ajuste por encima de la inflación proyectada. Para no romper esa lógica, los aumentos se darían vía bonos o sumas no remunerativas.

Sin embargo, tanto del lado gremial como empresario hay dudas sobre un final feliz. La traba está en los sectores golpeados: gastronomía con consumo en caída, construcción con proyectos frenados por el tipo de cambio y textiles acuciados por la apertura comercial. Además, subir los pisos de las categorías más bajas (como bacheros o ayudantes de construcción) genera presión sobre las escalas superiores.

Entre los sindicalistas, la impresión es que se trata de una jugada del Gobierno para ganar tiempo ante un creciente reclamo social. Consultoras privadas ya anticiparon que solo un pequeño segmento de textiles estaría por debajo de ese mínimo, con lo cual el impacto sería marginal.

El Ministerio de Economía no respondió ni desmintió el trascendido. Luis Caputo sabe que hace falta mejorar el poder de compra para incentivar el consumo y la producción. El último informe de la Secretaría de Trabajo mostró que el poder adquisitivo del sector privado registrado está 0,6% por debajo de noviembre de 2023. Y un plan que solo impulse los ingresos formales sería insuficiente: el propio ministro reconoció que casi el 50% de la economía es informal.