El Gobierno dio marcha atrás en tres grandes proyectos: el motivo que mantuvo en vilo a las arcas públicas

Una decisión estratégica para evitar un descalabro financiero sacudió la agenda gubernamental. El gobernador Osvaldo Jaldo anunció que la Provincia desistió de expropiar tres inmuebles donde se proyectaban obras públicas, ante la falta de financiamiento y el riesgo de condenas judiciales millonarias que podrían haber comprometido servicios esenciales.

La medida se comunicó en una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno, donde el mandatario estuvo acompañado por la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, y varios ministros y funcionarios de su gabinete. Jaldo enfatizó que la postura de su gestión siempre ha sido clara en cuanto al respeto por la propiedad privada y la defensa del patrimonio provincial.

“Desde el primer día que nos hicimos cargo, hemos dejado muy clara nuestra posición. Primero, en cuanto al respeto por la propiedad privada en la provincia de Tucumán, algo elemental y fundamental para quienes quieran realizar inversiones, con el respaldo legal del gobierno provincial. Por otro lado, vamos a hacer respetar el cien por cien el patrimonio de la provincia”, afirmó el Gobernador.

¿Qué proyectos quedaron en el aire?

Las obras afectadas por esta decisión son de gran envergadura. Se trata del Centro Multimodal de Cargas, la obra de electrificación de El Espinillo y un proyecto habitacional que contemplaba la construcción de 700 viviendas. El problema central, según explicó Jaldo, es que ninguna de estas iniciativas cuenta con financiamiento nacional o internacional confirmado.

“No están dadas las condiciones porque no hay financiamiento para obras de gran magnitud que la Provincia no puede costear. Si se consigue financiamiento, Tucumán hará todo lo necesario para que se concreten”, señaló el mandatario, dejando una puerta abierta para el futuro, pero priorizando la realidad económica actual.

Un legado judicial que amenazaba las cuentas públicas

El Gobernador contextualizó que las expropiaciones en cuestión fueron heredadas de gestiones anteriores y derivaron en complejos litigios judiciales. “Hoy nos encontramos con que las expropiaciones del pasado se convirtieron en juicios contra la Provincia. Son procesos que implican recursos y pueden derivar en condenas millonarias y embargos de cuentas públicas, lo que pondría en riesgo servicios esenciales como salud, seguridad y educación”, advirtió con preocupación.

La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, profundizó en los aspectos legales y económicos del caso. Explicó que, bajo la actual administración, la política de expropiaciones solo se ejecuta cuando existe una obra concreta, financiamiento asegurado y viabilidad para realizarla. “Desde que asumió el gobierno del contador Jaldo, la decisión de expropiar ha sido muy justificada: hay obra, hay financiamiento y hay posibilidad de hacerla. No antes”, aclaró.

¿Cuánto dinero estaba en juego?

Las cifras involucradas son astronómicas y pintaban un escenario crítico para las finanzas provinciales. Pedicone de Valls detalló que, según las constancias judiciales, la Provincia debía afrontar una suma de 5.268 millones de pesos por los tres inmuebles, sin tener los recursos para las obras que justificaban originalmente las expropiaciones.

Frente a este panorama, la decisión de desistir se presentó como la única salida viable para evitar un golpe financiero devastador. “Nos adelantamos a la sentencia desistiendo de las expropiaciones y evitamos una condena superior a los 5.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, la Provincia está en condiciones de recuperar cerca de 2.000 millones de pesos. En momentos difíciles, los tucumanos debemos cuidar cada peso y saber cómo invertirlo”, expresó Jaldo, revelando el impacto económico concreto de la medida.

¿Qué significa “desistir” en términos legales?

La fiscal de Estado aclaró el alcance jurídico de la acción tomada por el Gobierno. “Desistir significa que el Estado puede dejar sin efecto la expropiación antes de la condena y recuperar el dinero depositado. Hemos pedido a la Justicia paralizar los juicios y reintegrar los fondos”, explicó Pedicone de Valls.

Esta maniobra legal no solo permitió esquivar condenas inminentes, sino también recuperar recursos valiosos para el erario público. La estrategia se enmarca en una administración responsable del presupuesto, priorizando la estabilidad financiera y la continuidad de servicios fundamentales para la población.

Jaldo aprovechó la ocasión para recordar otro frente de acción de su gobierno en materia de tierras. Mencionó que, desde el 29 de octubre de 2023, se inició un proceso de recuperación de tierras públicas que estaban en posesión de personas sin justificación legal. “En dos años hemos recuperado casi 1.000 hectáreas que pertenecen a los tucumanos y que tendrán una planificación para su utilización”, precisó, contrastando esta política activa con la decisión de retroceder en las expropiaciones conflictivas.

El anuncio contó con la presencia de un amplio espectro del gabinete provincial, incluyendo a los ministros Daniel Abad (Economía y Producción), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Darío Monteros (Interior), Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Federico Masso (Desarrollo Social) y Susana Montaldo (Educación), entre otros funcionarios de alto rango.