El Gobierno dio marcha atrás en tres proyectos clave: ¿qué encontraron en los expedientes que los obligó a retroceder?

Una decisión sorpresiva del Gobierno de Tucumán evitó una condena millonaria que hubiera comprometido servicios esenciales como salud y educación. El gobernador Osvaldo Jaldo anunció el desistimiento de la expropiación de tres inmuebles destinados a obras públicas, ante la falta de financiamiento y el riesgo de embargos judiciales.

Durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, el mandatario estuvo acompañado por la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls. Explicó que la medida se enmarca en la defensa de la propiedad privada y del patrimonio provincial.

“Desde el primer día que nos hicimos cargo, hemos dejado muy clara nuestra posición. Primero, en cuanto al respeto por la propiedad privada en la provincia de Tucumán, algo elemental y fundamental para quienes quieran realizar inversiones, con el respaldo legal del gobierno provincial”, afirmó Jaldo.

¿Qué obras quedaron sin financiamiento?

El gobernador detalló que los tres grandes proyectos afectados son el Centro Multimodal de Cargas, la obra de electrificación de El Espinillo y un proyecto habitacional de 700 viviendas. Ninguno de ellos cuenta con financiamiento nacional ni internacional.

“No están dadas las condiciones porque no hay financiamiento para obras de gran magnitud que la Provincia no puede costear. Si se consigue financiamiento, Tucumán hará todo lo necesario para que se concreten”, señaló el mandatario.

¿Cuál era el riesgo real para las finanzas?

Jaldo contextualizó que las expropiaciones heredadas de gestiones anteriores derivaron en litigios judiciales con altos costos potenciales. “Hoy nos encontramos con que las expropiaciones del pasado se convirtieron en juicios contra la Provincia”, explicó.

El riesgo era concreto: “Son procesos que implican recursos y pueden derivar en condenas millonarias y embargos de cuentas públicas, lo que pondría en riesgo servicios esenciales como salud, seguridad y educación”, advirtió.

¿Qué cifras maneja el Gobierno?

El impacto económico de la decisión fue cuantificado con precisión. “Nos adelantamos a la sentencia desistiendo de las expropiaciones y evitamos una condena superior a los 5.000 millones de pesos”, informó Jaldo.

La fiscal de Estado precisó aún más: “Las constancias judiciales indican que la Provincia debía afrontar una suma de 5.268 millones de pesos por tres inmuebles sin financiamiento para las obras previstas”.

¿Hubo alguna recuperación de fondos?

La estrategia no solo evitó gastos futuros, sino que permitió recuperar recursos. “La Provincia está en condiciones de recuperar cerca de 2.000 millones de pesos”, destacó el gobernador.

Pedicone de Valls explicó el mecanismo legal: “Desistir significa que el Estado puede dejar sin efecto la expropiación antes de la condena y recuperar el dinero depositado. Hemos pedido a la Justicia paralizar los juicios y reintegrar los fondos”.

¿Qué política seguirá el Gobierno?

La fiscal de Estado dejó clara la postura de la actual gestión: “Desde que asumió el gobierno del contador Jaldo, la decisión de expropiar ha sido muy justificada: hay obra, hay financiamiento y hay posibilidad de hacerla. No antes”.

Jaldo recordó que, paralelamente, su gobierno lleva adelante un proceso de recuperación de tierras públicas. “El 29 de octubre de 2023 iniciamos un proceso de recuperación de tierras del Estado que estaban en posesión de personas que no podían justificar su tenencia”, precisó.

En dos años han recuperado casi 1.000 hectáreas que pertenecen a los tucumanos y que tendrán una planificación para su utilización.

El anuncio contó con la presencia de numerosas autoridades provinciales, incluyendo los ministros de Economía y Producción, Gobierno y Justicia, Interior, Obras, Salud Pública, Seguridad, Desarrollo Social y Educación, además de secretarios y jefes policiales.