El Gobierno eliminó los controles ambientales en la minería: qué pasará con las provincias

El Gobierno nacional derogó el programa que monitoreaba el impacto ambiental de la minería en todo el país. A través de la Resolución 64/2026 de la Secretaría de Minería, se dio de baja un plan que garantizaba a las provincias asistencia técnica y financiera para supervisar la actividad. La medida, enmarcada en la Ley de Bases, deja en un limbo el control ecológico del sector.

¿Qué programa se eliminó?

La norma anula el "Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería", creado en 2022 mediante la Resolución 53/2022. Este proyecto tenía como objetivo "promover la cooperación técnica y financiera con las provincias" para que los gobiernos locales pudieran supervisar y mitigar los efectos de la explotación minera a gran escala.

El texto oficial justifica la baja por la "reducción del sobredimensionamiento de las estructuras estatales", pero no detalla qué mecanismos alternativos reemplazarán esta herramienta. Tampoco especifica qué organismos los coordinarán ni con qué presupuesto contarán.

El Estado se retira de las comunidades mineras

La decisión no es aislada. En la misma resolución se desactivan otros planes clave: el "Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino", el "Plan Nacional de Minería Social" y la "Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas". El argumento del Ejecutivo es que estas estructuras perdieron "operatividad" o que sus funciones serán "absorbidas por nuevas instancias de coordinación", aunque tampoco se precisan cuáles son.

La desarticulación de estos programas deja a las provincias mineras sin el respaldo técnico y social que tenían para controlar la actividad. La preocupación principal es la preservación de los recursos naturales en las economías regionales, ahora en un peligroso vacío administrativo.

¿Qué pasa con el control fiscal?

Pese a la eliminación de los organismos de protección ecológica, el Gobierno no relaja el rigor fiscal. La resolución aclara que la ola de derogaciones "no interrumpe, sustituye ni extingue el control de ejecución y de rendición de cuentas" de los proyectos anteriores. De esta manera, el Estado conserva sus facultades para perseguir el "recupero" de fondos transferidos a provincias o municipios.

En síntesis, la administración nacional se retira de su rol de tutor ambiental, pero mantiene intactas sus herramientas de recaudación. Las provincias, mientras tanto, quedan sin el apoyo que necesitan para vigilar el impacto de una industria en expansión.