El Gobierno entrerriano avanza con los comedores: la cautelar que frenaba todo ya no corre

La Justicia dio luz verde al Ejecutivo provincial para seguir adelante con el polémico contrato de los comedores escolares. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, aseguró que la medida cautelar perdió vigencia tras el fallo de fondo, y que nada impide ya la distribución de los alimentos.

Tras el fallo del juez Juan Francisco Malvasio que hizo lugar al amparo colectivo contra la entrega de productos ultraprocesados, desde el Gobierno entienden que el camino quedó despejado. La cautelar que frenaba el cambio en el sistema de provisión ya no tiene efecto, sostuvo Rodríguez Signes, y por eso la administración provincial avanza con la empresa Teknofood SA.

¿Qué dice el fallo del juez Malvasio?

El viernes, el magistrado ordenó que el Estado se abstenga de ofrecer, servir o distribuir en las escuelas públicas productos con sellos de advertencia, tal como establece la Ley de Etiquetado Frontal. Pero no mencionó nada sobre la licitación, un detalle que el Ejecutivo aprovechó para destrabar el contrato.

“Entiendo que ya hubo una resolución del tema en la Justicia, y en el fallo no dijeron nada sobre la licitación, por lo cual se puede avanzar”, señaló una fuente oficial. La ejecución del servicio estaba prevista para principios de agosto, y ahora podría ponerse en marcha sin obstáculos.

¿Por qué la cautelar perdió vigencia?

Rodríguez Signes explicó que con la sentencia de fondo, la medida cautelar dictada el 5 de este mes queda sin efecto. “No puede haber dos sentencias, una cautelar y otra principal. Hay una sola y es la que va a cumplirse en función del efecto devolutivo de la concesión”, aseguró el fiscal.

Además, el juez Malvasio rechazó el domingo un pedido de aclaración de los amparistas, lo que refuerza la posición del Gobierno. La decisión del STJ de dejar firme la cautelar fue considerada “lógica” por Rodríguez Signes, pero insistió en que ya no tiene razón de ser.

La pelea judicial, paso a paso

El amparo colectivo fue presentado por un grupo de padres, Agmer y la Fundación Cauce. El 5 de este mes, Malvasio hizo lugar a la cautelar y ordenó al Gobierno mantener la modalidad anterior mientras durara el proceso. Pero el viernes, al resolver la cuestión de fondo, el juez ratificó la prohibición de alimentos con octógonos, sin mencionar la licitación.

La Fiscalía de Estado apeló la cautelar, pero el sábado el STJ declaró “mal concedido” el recurso. Los vocales Claudia Mizawak, Susana Medina y Leonardo Portela compartieron la decisión, y el procurador Jorge Amílcar García dictaminó que la medida era “absolutamente necesaria”.

El Defensor General Maximiliano Benítez también intervino, destacando que se trata de “derechos de incidencia colectiva” de niños y adolescentes. Y concluyó que la acción de amparo era “formal y sustancialmente admisible”.

Teknofood SA, la empresa contratada, asegura que la Anmat la exceptuó de etiquetar sus productos. Pero la ley 27.642, conocida como de Etiquetado Frontal, exige los octógonos negros para advertir sobre excesos de sodio, azúcares y grasas.

Mientras tanto, el Gobierno ya se prepara para implementar el nuevo sistema. La decisión judicial, lejos de frenar el plan, lo habría habilitado con algunas adecuaciones. La polémica, sin embargo, está lejos de terminar.