El Gobierno entrerriano blindó a los despedidos de Granja Tres Arroyos: qué pasará con los 270 operarios

La medida del Ejecutivo provincial fue contundente: los 270 despidos en Granja Tres Arroyos quedaron sin efecto y la empresa deberá reincorporar a todo el personal en las próximas horas. La conciliación obligatoria, que regirá por 15 días hábiles, busca destrabar un conflicto que mantiene paralizada a la planta de Concepción del Uruguay desde mayo.

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria este viernes 14 de agosto, a través de la Resolución Nº 363/2026 STySS. La medida ordena a la avícola retrotraer la situación al estado previo a los telegramas de despido, que se habían comunicado desde el 7 de agosto. La audiencia para buscar una solución quedó fijada para el 20 de agosto.

¿Qué implica la resolución?

El Ministerio de Gobierno y Trabajo provincial intimó a Granja Tres Arroyos a reincorporar de manera inmediata a los trabajadores despedidos desde las 00.00 del día 7, y a “abstenerse de cualquier represalia contra el personal o la organización sindical”.

A su vez, los sindicatos y los trabajadores fueron intimados a “dejar sin efecto toda medida de acción directa y a retomar las tareas de manera normal y habitual mientras dure la conciliación”.

La decisión del gobierno se conoce en medio de un fuerte cruce entre la empresa y los gremios. Mientras la firma argumenta una “grave disminución de trabajo no imputable a este empleador”, los sindicatos denuncian que los despidos podrían alcanzar a 400 de los 900 operarios de la planta La China.

Los motivos de la empresa

En los telegramas de despido, Granja Tres Arroyos citó como principales causas de su debacle productiva y económica a los brotes de gripe aviar y el consecuente cierre de exportaciones. Eso derivó, según la compañía, en una “reducción de los envíos al exterior”, una “sobreoferta en el mercado interno”, una “marcada caída de los precios de comercialización” y un “sostenido incremento de los costos de explotación”.

La avícola más grande del país también había anunciado a finales de mayo el cierre de esta planta “por tiempo indeterminado”, debido a “los constantes conflictos gremiales que paralizaron las operaciones”. En ese contexto, ingresó en un proceso preventivo de crisis, implementó un programa de retiros voluntarios y afronta sus obligaciones de manera escalonada.

El plan de asistencia del gobierno provincial

Mientras tanto, el Gobierno de Entre Ríos desplegó una serie de medidas para asistir a los más de 900 trabajadores cuya actividad está paralizada desde el 26 de mayo. Entre ellas, la entrega de 1.900 módulos alimentarios, la gestión de 825 solicitudes de subsidios de $200.000 —cuyos pagos ya comenzaron y se ampliarán a 1.075 trabajadores—, una tarifa social de energía eléctrica para 525 trabajadores durante dos bimestres y la gestión de una prórroga y refinanciamiento de su deuda con Enersa.

Además, se elaboró un protocolo con el Hospital J.J. Urquiza para la atención y provisión de medicamentos a trabajadores con enfermedades crónicas afiliados al STIA, cuya obra social quedó desfinanciada por la falta de pagos de la empresa.

La postura de los sindicatos

La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Concepción del Uruguay rechazaron los despidos y cuestionaron “el accionar artero e irresponsable de la empresa frente a la grave situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras”.

“Mientras la FTIA, junto a las organizaciones gremiales hermanas de Uatre, la Carne y Molineros, y las filiales de los sindicatos de la Alimentación realizan denodadas gestiones ante la empresa y los gobiernos de Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba para encontrar alternativas que permitan paliar la situación, sostener el proceso productivo y lograr la activación de las plantas, la empresa avanza con despidos masivos que no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis”, sostuvieron en un comunicado conjunto.

Asimismo, denunciaron que entre los empleados despedidos se encuentran delegados gremiales y que los trabajadores vienen soportando el atraso de más de cinco quincenas de sus salarios y “una creciente incertidumbre, con las graves consecuencias que esta situación genera para la vida familiar de los trabajadores y trabajadoras”.

“Desde la FTIA exigimos la preservación de las fuentes de trabajo y un accionar responsable de parte de la patronal y las Autoridades Nacionales. Las y los trabajadores no pueden ser quienes paguen las consecuencias de la crisis, en un delicado contexto que requiere compromiso, diálogo, soluciones y no más despidos. Ni ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra Concursal”, concluyó el escrito.