El Gobierno entrerriano busca reformar el fuero laboral: qué cambia para las pymes y los trabajadores

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, confirmó que el oficialismo impulsa una reforma del Código Procesal Laboral con la mira puesta en las pericias médicas, la determinación de incapacidades, los costos de los procesos y las condiciones para apelar sentencias. La intención es debatirla en la Legislatura antes del receso de verano, según anticipó en el programa Amanece que no es poco (Radio Plaza).

La iniciativa, sostuvo el funcionario, “es el resultado de un proceso que comenzó antes de su presentación formal” y apunta a reducir la litigiosidad, mejorar la previsibilidad del sistema y evitar que los costos judiciales golpeen la generación de empleo.

Peritos médicos y topes: los ejes del proyecto

Uno de los puntos centrales es la creación de un cuerpo de peritos médicos especializados dentro del Poder Judicial, con salarios fijos que desvinculen sus honorarios del porcentaje de incapacidad que se otorgue en los fallos. Para los casos excepcionales en que intervengan profesionales externos por especialidad, se establece un tope de 8 JUS, alrededor de 800.000 pesos.

Además, la norma alinea las pericias al baremo de incapacidades de la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo, un esquema que ya se aplica en Santa Fe. Según Troncoso, esta unificación de parámetros “genera previsibilidad y genera seguridad jurídica”.

Apelaciones y el costo para las pymes

El proyecto también revisa las exigencias para apelar sentencias, que hoy obligan a depositar el monto de la condena más un 30 por ciento de intereses o trabar embargos. El objetivo declarado es proteger la liquidez de las pymes provinciales. “Hay una discriminación subjetiva entre un empresario que tiene mucho capital en su espalda y una PYME que por ahí le cueste un poco más, que tiene menos empleados, que vive día a día”, argumentó el ministro.

Las cifras que preocupan al Ejecutivo

El diagnóstico oficial se apoya en datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART): en 2024 Entre Ríos registró un aumento del 12% en juicios laborales, frente al 7% a nivel nacional, y en 2023 había marcado un pico del 39% contra el 26% del país. Aunque la siniestralidad bajó, la judicialidad trepó a 69,19 casos cada 10.000 trabajadores.

En ese marco, Troncoso defendió la postura del Gobierno: “Estamos cuidando de alguna manera al que produce y genera trabajo y, si cuidamos al que produce y genera trabajo, estamos garantizando que se pueda seguir generando empleo genuino en la provincia”.

Debate abierto y decisión política

El ministro aseguró que el oficialismo encarará el tratamiento parlamentario dispuesto a acordar sin resignar el rumbo de la gestión. “No le tenemos miedo a la discusión, no le tenemos miedo al debate, no le tenemos miedo a partir de disensos para generar consensos”, afirmó, y remarcó que se escuchará a todos los sectores para perfeccionar el proyecto.

“Lo que había que buscar es el equilibrio y el sentido más prístino de justicia y buscar una norma ágil que también mire a quienes generan la fuente de trabajo”, agregó.

Troncoso confirmó que el Ejecutivo quiere que la reforma avance en el actual período legislativo, aunque admitió que los tiempos los maneja la Legislatura. “Tenemos la decisión política de hacerlo ahora”, subrayó, y no descartó que el debate amplíe el alcance de la iniciativa: “Ojalá en el seno del debate surjan otros puntos de interés y podamos buscar una reforma más profunda”.

La discusión arrancará en la Legislatura, donde el oficialismo anticipó que convocará a colegios profesionales, organizaciones y actores del mundo laboral. Para el Gobierno, el desafío es modificar un sistema que considera demasiado litigioso y generar reglas más previsibles. Para los sectores que cuestionan la iniciativa, la pregunta de fondo será si esos cambios equilibran el proceso o si terminan trasladando mayores cargas al trabajador.